Cuesta trabajo pensar que la pérdida de un familiar o su supervivencia en estado casi vegetativo pueda compensarse con dinero o con la entrada en la cárcel del responsable. Quizás sea más fácil de entender que el personal sanitario quede apartado de sus funciones cuando exista la más mínima sospecha de la idoneidad de su actuación con los pacientes.
El caso que esta semana ha saltado a la luz pública sobre el estado en el que quedó un vecino de Chipiona tras someterse a una operación en el hospital Virgen del Camino pone en evidencia la existencia de estas negligencias y también, que el sanitario que le inyectó aquella “sobredosis” de anestesia, aún sigue trabajando al frente de la unidad de anestesia del mismo hospital.
La familia ha recibido una indemnización reconocida por la Consejería de Salud, que tiene concertado el centro, propiedad de la empresa José Manuel Pascual Pascual, y ahora peleará de manos del Defensor del Paciente por exigir responsabilidad penal al anestesista. Sin embargo, de poco o nada servirán estas acciones cuando el afectado lleva tres años en un estado de “muerte cerebral”.
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