La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, adscrita a la Consejería de Salud y Familias, ha sacado a licitación, por un importe de 25.000 euros --que asciende a 30.250 euros con IVA--, la contratación de los servicios de análisis, desarrollo y puesta en producción del sistema de Registro de profesionales sanitarios objetores a la Ley 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia
La contratación se realizará por procedimiento simplificado con publicidad, y con una duración de tres meses, según la información suministrada por la Junta en su portal de Internet, consultada por Europa Press, donde se recoge que el servicio contratado finalizará el 30 de junio de 2022, "sin opción a prórroga".
Desde la Consejería que dirige Jesús Aguirre explican que se ha concedido a la Fundación Andaluza Progreso y Salud una transferencia corriente de concurrencia no competitiva, dentro del programa presupuestario 41K (Política de Calidad y Modernización) del citado departamento del Gobierno andaluz, para el desarrollo y evolución de aplicaciones, donde se incluye la necesidad de desarrollar un sistema de registro de objetores de conciencia a la Ley de eutanasia.
Al hilo de dicha ley y del Decreto 236/2021, de 19 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia a la prestación de ayuda para morir en Andalucía y la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se "requiere de la creación de un registro electrónico que gestione de forma telemática este decreto para los profesionales sanitarios andaluces".
Según aclara la Consejería, este registro electrónico conlleva la creación de un nuevo sistema de información en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) que, en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), "gestione las declaraciones de los profesionales en virtud del citado decreto para el ejercicio de sus derechos en su actividad asistencial".
La creación de dicho registro conllevará la ejecución de las tareas y actividades necesarias para su desarrollo y requerirá de una "colaboración estrecha" de la Fundación Progreso y Salud, la Consejería de Salud y Familias y el SAS, a través de su Dirección General de Personal.
En este proyecto, el nuevo sistema de declaración y registro de objetores a la Ley de Eutanasia "debe ser la herramienta que posibilite a los profesionales sanitarios de las especialidades que correspondan realizar el registro, la gestión y las consultas necesarias para llevar a cabo y darle cumplimiento al decreto".
Se trata así de "crear un sistema de información que gestione el registro electrónico de profesionales sanitarios que ejerzan su derecho de objeción a la ley", que "deberá contener la información necesaria y gestionará tanto el acceso de los profesionales a su declaración del derecho, como al SAS para consultar en la prestación asistencial diaria la incorporación de los profesionales a los turnos y asistencias sanitarias previstas".
FASES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
Así, para la consecución y la creación del registro electrónico será "imprescindible" la colaboración de la Dirección General de Personal del SAS, puesto que "su afección e impacto en la prestación asistencial debe gestionarse para que no conlleve ningún obstáculo en su actividad", según advierte la Junta, que ha aclarado además que el nuevo sistema de información contará con dos fases en su proceso de registro; una primera fase de solicitud y una segunda de "resolución de las solicitudes que hayan sido validadas y cumplan con los requisitos del decreto".
Los usuarios y perfiles que "al menos deberán interactuar en el nuevo sistema" serán, por una parte, los "solicitantes" de la objeción, que "será un profesional del SAS activo o no, o cualquier persona que desea presentar su objeción en el sistema", donde podrá "registrar y firmar su solicitud de objeción o ver el estado de la misma", así como, por otro lado, los "validadores", que serán "profesionales de la Subdirección de Personal de la Consejería de Salud y Familias" que "podrán ver las solicitudes, validarlas, mandarlas a subsanación o denegarlas".
Ese será "el paso posterior al registro de la solicitud y previo a la firma de la resolución", según aclara la Junta, que distingue también el perfil del 'consultor', que "tendrá la posibilidad de ver todas las solicitudes en modo lectura, con un buscador por DNI".
"Todas las consultas realizadas por estos usuarios serán registradas en el sistema mediante la auditoría de las mismas y será de obligatorio cumplimiento por parte del consultor establecer un motivo de consulta para poder realizar esta gestión".
Por su parte, el perfil de administrador será "el encargado de realizar la gestión de los usuarios del sistema", podrá "dar de alta y modificar los datos y perfiles de validadores y consultores", y será además "el encargado de gestionar el grupo de puestos y especialidades definidos en el sistema como 'Directos' que generan una resolución positiva tras la firma de la solicitud".
Este perfil podrá "añadir y eliminar puestos y especialidades a este grupo desde la administración del sistema", y "tendrá además la capacidad de consultar la auditoría de consultas realizadas por los usuarios 'consultores'".
Desde la Consejería que dirige Jesús Aguirre también explican que el sistema permitirá solicitar el registro a los profesionales sanitarios "tanto privados como públicos del Servicio Andaluz de Salud", si bien, en el caso de estos últimos trabajadores, "el sistema deberá contrastar la información del profesional --sobre su puesto y especialidad-- a través del sistema de recursos humanos 'Gerhonte'". "Dependiendo de estos datos, la solicitud de registro requerirá de una validación previa o pasará directamente a la resolución de la misma", según se recoge en el pliego de prescripciones técnicas de este proyecto.
