El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles, con los votos del PP-A y el PSOE-A, y con el rechazo de Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, el proyecto de Ley de la Función Pública de Andalucía, que viene a sustituir a la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y que pretende "la introducción de elementos de modernización, dinamización y buena gobernanza en la gestión de los recursos humanos" de dicho sector de la administración.
Así se recoge en la exposición de motivos de este proyecto de ley cuyo debate final se ha celebrado este miércoles en el Parlamento y que, según el Gobierno andaluz, pretende constituir "un instrumento de modernización para lograr un empleo público de calidad, cualificado, eficiente y comprometido con la realidad social y las exigencias y anhelos actuales, todo ello con el objetivo último de favorecer la excelencia en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía en una administración del siglo XXI".
En concreto, la norma se fija entre sus "objetivos prioritarios" el de "actualizar la regulación de la función pública de la Junta, en el marco de la legislación estatal de carácter básico, lo que conlleva, entre otros avances, implementar la carrera profesional horizontal, para el reconocimiento del desarrollo profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo".
La ley también pretende "abordar en una única norma todas las materias que integran el régimen jurídico de la función pública de la Junta de Andalucía, evitando la dispersión normativa, superando el vacío normativo en determinadas cuestiones que hacía necesario recurrir a la aplicación supletoria de la normativa estatal que, en muchos casos, no responde a las mismas necesidades de la Administración autonómica, e incorporando al régimen jurídico del personal empleado público en Andalucía derechos que el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público reconoce, pero que no se han podido implementar hasta ahora por la falta de dicho desarrollo autonómico".
Otros objetivos "prioritarios" de esta ley son los de "atraer, desarrollar y retener el talento humano, de acuerdo con los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, de forma que los procesos de selección y promoción profesional garantizan la máxima validez predictiva para la función a desempeñar", y "establecer criterios estratégicos que permitan procedimientos de provisión y movilidad más ágiles, entre ellos una modalidad de concurso abierto y permanente".
De igual modo, el proyecto de ley aprobado pretende "regular dentro de la organización de la Administración la figura del personal directivo público profesional, con un estatuto propio que será objeto de posterior desarrollo reglamentario, que ocupa aquellos puestos cuyo trabajo consiste en definir, planificar, garantizar y coordinar el correcto desarrollo de las estrategias y actuaciones a seguir dentro de su unidad administrativa, de acuerdo con la acción de gobierno, impulsando la calidad institucional y los valores públicos".
La ley se estructura en 181 artículos, distribuidos en 13 títulos, 37 disposiciones adicionales, trece disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
Una "novedad esencial" de la ley es la regulación de las funciones que corresponden a las diferentes clases de personal empleado público. Así, según destaca el texto del proyecto, por primera vez se incluye en una norma andaluza reguladora con carácter general de la función pública la identificación de las actuaciones administrativas que implican participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales, a cuyo efecto se determinan las que serán desempeñadas exclusivamente por personal funcionario.
Además, en este proyecto "se determina, por primera vez en Andalucía, quiénes son personal directivo público profesional", y se establece una relación de puestos de dirección, y se establece "un régimen jurídico y retributivo que incluye los acuerdos de gestión, con los objetivos a cumplir, y la titulación exigida".
En virtud de esta ley, "la selección del personal directivo público profesional se realiza en convocatoria pública y obedece a los principios de idoneidad, mérito, capacidad y publicidad, valorando significativamente experiencias profesionales y competencias técnicas y directivas", según abunda el proyecto de ley, por el que, además, se crea la Comisión independiente de selección de personal directivo público profesional.
Asimismo, la ley regula los nombramientos y ceses del personal directivo público profesional y establece un sistema periódico de evaluación del cumplimiento de los acuerdos de gestión, cuyo resultado determina "la continuidad en el puesto y la cuantía de la parte variable de sus retribuciones".
De este modo, el personal directivo público profesional debe dedicar un número mínimo de horas al año para su formación y desarrollo", así como "debe cumplir un código ético y de conducta".
Por otro lado, esta ley también establece como novedad, en lo que respecta a la jornada de trabajo y horarios de los trabajadores de la función pública, la "posibilidad del desempeño de las funciones del puesto de trabajo de forma no presencial o a distancia, cuando su contenido competencial lo permita, así como la necesaria desconexión digital".
Al final de su debate en el Pleno, y antes de su votación, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha tomado la palabra para agradecer a las personas que han participado en la elaboración de esta ley que lleva a la administración andaluza "al siglo XXI" y que "no es de nadie, sino que puede ser de todos", según ha manifestado.
En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PP-A Juan Bueno ha puesto de relieve las "muchas" enmiendas aceptadas a "todos los grupos políticos" en el marco de un trabajo "muy fructífero" para intentar "el máximo consenso posible" en torno a una ley "muy necesaria", según ha subrayado antes de valorar también que el Gobierno andaluz "se ha fajado" con el "problema sobrevenido" de los interinos de la Junta "para que todo el mundo saliera bien parado desde la legalidad".
El parlamentario del PSOE-A Víctor Torres ha defendido que su grupo ha trabajado "activamente" para consensuar una ley "de referencia" y "de carácter institucional" para el que se han introducido "mejoras" merced a sus enmiendas, de las que se han incorporado unas 70, según ha destacado, al tiempo que ha valorado que con ella se sientan "los cimientos" para la estabilización de personal interino, si bien ha apostillado que esta norma "todavía tiene mejora de recorrido".
El diputado de Vox Benito Morillo ha denunciado que el PP-A se ha "negado" a buscar el "consenso" con su grupo y ha recurrido a una "verdadera imposición" fruto de su mayoría absoluta, y en esa línea ha criticado que sólo les han transaccionado "unas cuantas" de las 103 enmiendas parciales presentadas que coincidían con otras del PSOE-A y Por Andalucía y que "no son determinantes para el propósito que tenía Vox", según ha lamentado antes de afear al PP-A su "continuo coqueteo con las políticas de izquierda".
Finalmente, la portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha apuntado que "ha faltado un poco de cocción parlamentaria" para esta ley "tan importante" con la que a su grupo le hubiera "gustado un poco más de trabajo de la ponencia", si bien ha valorado que con ella se busque "resolver el tema del personal interino", que era algo que había que "hacer ya con una norma con rango de ley", tras lo que ha reclamado que se haga lo mismo para el reconocimiento de su categoría al colectivo de técnicos de Enfermería.
