Confapa cree que la sentencia del bofetón responde a una "penosa corrección política"

La Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos y de Familia de Andalucía (Confapa) analizó ayer que la sentencia emitida por un juzgado de lo Penal de Jaén en la que se condena a una madre por un delito de malos tratos por dar un bofetón a su hijo solo puede entenderse "en el contexto de la penosa corrección política" que, a su juicio, "invade" a la sociedad. 


A través de un comunicado, esta organización argumentó que la reforma, "presuntamente progresista del Código Civil, anuló la posibilidad de que los padres corrijan moderada y razonablemente a sus hijos" y que esta sentencia "deja a las familias españolas absolutamente indefensas, como les ha ocurrido a estos padres de Pozo Alcón", para los que pidió "el indulto".


Confapa no dudó en denunciar públicamente "el silencio cobarde de los organismos encargados de la defensa de la mujer y la falta de apoyo de las autoridades educativas y de bienestar social de la Junta de Andalucía" y exigió que por parte de los miembros del Parlamento de Andalucía y del Congreso de los Diputados "se articulen las medidas políticas necesarias para que sean modificados los artículos del Código Civil que propician estas situaciones de desamparo, pues de no hacerlo demostrará que son incapaces de oír el clamor de la sociedad que les exige estar más cerca de los problemas de las familias".   


En concreto, el juzgado de lo Penal número tres de Jaén condenó a una madre a 45 días de prisión y le prohibió acercarse a su hijo durante más de un año por un delito malos tratos después de que le diera al menor un bofetón y le agarrara del cuello tras una pelea que se inició cuando ella le reprendió por no haber hecho los deberes del colegio. 


Por su parte, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, mostró ayer su "inquietud" por la "repercusión negativa" que pueda tener en el menor la pena impuesta a su madre, y consideró "desproporcionada" la sentencia al "producirse dos años después de que se cometiera la agresión".


En declaraciones a los periodistas, Navarro indicó que, "aunque cada institución implicada en el caso hizo en su momento lo que tenía que hacer", le causa "sorpresa" que "si el hecho era tan grave como para dictar una sentencia tan dura, ésta se haya emitido dos años después de la agresión".


Así, afirmó que "si el suceso era tan grave, la actuación judicial, como se prescribe en el caso de menores y mujeres maltratadas, debería de haber sido inmediata". En este sentido, entendió que "si el menor ha pasado dos años conviviendo con su familia normalmente después de la denuncia, es que realmente no corría peligro y la agresión no fue tan grave".


De esto modo, confesó que le "genera inquietud" la "repercusión negativa" que pueda tener en el menor el alejamiento de su madre durante un año dictado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén por una "agresión puntual, según los datos con los que se cuenta".