Un analista político definía la decisión del Gobierno de limitar su proyecto de impedir el endeudamiento de los ayuntamientos con un simple ejemplo: con la nueva medida (que permite que las corporaciones más saneadas puedan pedir créditos para endeudarse hasta el 75% de sus previsiones de ingresos) el más beneficiado será el Ayuntamiento de Las Palmas, gobernado por Coalición Canaria, que es quien debe dar su apoyo a los Presupuestos del Estado. Y aunque por el camino haya otros muchos municipios que se vayan a ver afectados positivamente, lo cierto es que da la impresión de que detrás de esta nuevo cambio de actitud lo que se esconde no es hallar una solución para la crítica situación financiera de muchas ciudades, sino simplemente la de encontrar apoyos que permitan al Ejecutivo de Zapatero aprobar sus Cuentas y poder aguantar toda la legislatura. Y aunque la medida puede ser un auténtico respiro para muchas ciudades, el problema de fondo, el de la financiación municipal, se sigue dejando de lado, sin afrontarlo de una vez por todas y, lo que puede ser peor, sin dar una solución a aquellos que están literalmente en una quiebra técnica. Y nadie duda de que demasiados alcaldes han dilapidado sus recursos con contrataciones masivas y con proyectos que nunca iban a ninguna parte, pero también se debe reconocer que las corporaciones han ido asumiendo competencias y gastos que no les correspondían y sobreviviendo a costa del ladrillo, para ver que ahora esta fuente de ingresos ha desaparecido, que, además, son los culpables de haberla provocado y, encima, ninguna administración asume el coste de lo que hacen sin tener que hacerlo. Por eso, la medida anunciada por Elena Salgado peca de excesivo calado político, porque está hecha no para los ayuntamientos, sino para el beneficio del propio Gobierno, pero sobre todo peca de falta de valentía, ya que lo que debe hacer este Ejecutivo (como lo debieron hacer los anteriores) es afronta de una vez por todas una reforma de la financiación municipal que permita a las corporaciones afrontar verdaderamente su cometido e impedir que se conviertan en ‘empresas’ arruinadas que no pueden pagar ni a los empleados, ni a los proveedores ni atender a los ciudadanos.