Díaz Trillo apuesta por un desarrollo sostenible del sector minero

El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha abogado por impulsar un desarrollo sostenible en el sector minero en Andalucía con el objetivo de garantizar la calidad ambiental en su actividad y en el entorno de sus explotaciones, por lo que ha instado a los empresarios de este ámbito a reforzar su compromiso ambiental para minimizar los impactos y mejorar la eficiencia en sus procesos.

En unas jornadas celebradas hoy en Sevilla bajo el título “Encuentros con la Sostenibilidad: Explotación Sostenible de los Recursos Naturales en Andalucía”, organizadas por El Correo de Andalucía, Díaz Trillo ha reconocido “los grandes esfuerzos y avances ambientales que en los últimos años ha protagonizado el sector minero” y ha animado a los empresarios a “seguir profundizando en esa línea con la finalidad de hacer de la minería un sector responsable, concienciado y comprometido con el medio ambiente, capaz de situar este componente ambiental en la primera línea de su gestión y de sus prioridades”.

Según el consejero, “este sector ha de ser responsable de las consecuencias ambientales que acarrea su actividad y del impacto que puede provocar en su entorno para actuar prioritariamente en la prevención y articular además planes para mitigar y reparar los eventuales impactos”. En este sentido, ha afirmado que “es imprescindible que desde el sector se asuma la adaptación de sus explotaciones a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias ambientales”.

El fortalecimiento del compromiso ambiental en este sector es una de las aspiraciones principales del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía aprobado el pasado mes de septiembre por el Gobierno andaluz, al que se ha referido el consejero como “un instrumento de planificación que orientará estratégicamente la actividad minera futura, de forma coordinada y compatible con la planificación existente en la Comunidad Autónoma en sus aspectos socioeconómicos, culturales, territoriales y, especialmente, ambientales”.

El titular de Medio Ambiente ha subrayado la necesidad de hacer compatible el desarrollo de este sector con la conservación ambiental para potenciar su actividad que tiene un peso importante en la economía andaluza, a la que aporta actualmente más de 36.000 empleos. Díaz Trillo ha valorado también que el 90% de la inversión prevista en este plan, que ronda los 103 millones de euros, irán dirigidas a fomentar la sostenibilidad en su actividad. El plan prevé también la elaboración de una serie de orientaciones para el sector con el fin de determinar cómo conciliar la protección ambiental con el desarrollo de las actividades extractivas en aquellas zonas que forman parte de la Red Natura 2000 o aquellos territorios cercanos a estas zonas.

Asimismo, el responsable andaluz de Medio Ambiente ha hecho hincapié en factores como la calidad, la innovación, la investigación y las nuevas tecnologías que, a su juicio, “el sector debe potenciar y ponerlos al servicio de lo ambiental para avanzar en la sostenibilidad de sus explotaciones y en la garantía de la calidad ambiental para su actividad y el entorno”.

El consejero ha asegurado que “el desarrollo de este sector y la preservación ambiental no son excluyentes y para ello disponemos de una de las legislaciones más avanzadas y exigentes en materia ambiental y que tiene su mejor exponente en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, cuyo desarrollo normativo se está impulsando con la aprobación de 8 nuevos decretos que regulan aspectos como la contaminación acústica y lumínica, residuos, suelos contaminados, calidad atmosférica, distintivo de calidad ambiental, evaluación ambiental de los planeamientos urbanísticos o la autorización ambiental unificada”.

A esta norma se une el desarrollo autonómico de la Ley estatal de Responsabilidad Ambiental que, según ha anunciado el consejero, se realizará a través de la próxima aprobación de un decreto que abogará por la colaboración con el empresariado andaluz para fomentar la precaución y la prevención de daños ambientales y, en caso de que ocurran, la asunción de la restauración y de sus costes y de la garantía de su efectiva realización. Para ello, la nueva norma establecerá el procedimiento para que las empresas analicen sus riesgos ambientales y fijen también las garantías financieras oportunas que aseguren la restauración de los daños.

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