Irura es una pequeña localidad guipuzcoana gobernada por EH, partido ilegalizado desde el año 2003. Desde entonces se han producido dos elecciones municipales, en 2003 y en 2007. Los partidos que ganaron en ambas citas nunca tomaron posesión de la Alcaldía, así que la alcaldesa del partido ilegalizado sigue gobernando. Entrecomillo ganaron porque en las municipales del año pasado, con un censo electoral de casi mil personas, el PSOE recibió 18 votos y el PP, 12. El resto fueron papeletas en blanco o abstenciones.

Irura sería, pues, el paradigma de los municipios que deberían ser disueltos de inmediato según la iniciativa que ha presentado Rosa Díez en el Congreso y ha apoyado el PP. Lo primero que cabe preguntarse es por qué quienes ahora consideran ineludible la disolución inmediata no se han fijado hasta hoy en este pequeño municipio que vive en una situación irregular desde los tiempos del último gobierno de Aznar. Pero además nos muestra las dificultades que presenta materializar algunas disoluciones. Porque resulta impensable que si el Ayuntamiento se disuelve y se convocan nuevas elecciones el resultado sea hoy distinto al de hace un año. Y si no se convocan elecciones y se nombra una gestora, cabe plantearse quién se atreverá a encabezarla. ¿Quizás Rosa Díez?

Resulta inaceptable que un representante de un partido ilegalizado pueda gobernar una institución democrática. También es incongruente que miembros de organizaciones como ANV y PCTV, que desde esta semana están en la lista europea de organizaciones terroristas, no estén en la cárcel como integrantes o colaboradores de una banda armada. O sobran proclamas o faltan medios jurídicos para ejecutarlas. Y si eso es así, es porque las sucesivas reformas legales han dejado grietas en donde caben estas situaciones paradójicas.

Todos estamos de acuerdo en apartar a los representantes de ANV de los gobiernos municipales. Se discute el procedimiento. Rosa Díez y el PP han propuesto uno de máximos. El Gobierno cree en una actuación gradual: mociones en donde se pueda, disolución uno a uno y modificación legal que impida que situaciones semejantes se produzcan en un futuro. Lo peor que le puede pasar al Estado es que emprenda acciones globales que después no se puedan materializar en todos los casos. ETA anotará cada fracaso como una victoria propia. Así que en cada paso que se dé, nunca olvidemos Irura.