El grupo parlamentario de Sumar ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados con la que, entre otras cuestiones, quiere que la Cámara baja inste al Gobierno central a "garantizar la transparencia en todas las negociaciones y acuerdos relacionados con Doñana, publicando de forma activa todos los documentos, actas de reuniones y decisiones tomadas".
Así figura en la primera de las reclamaciones de esta PNL, consultada por Europa Press, fechada el pasado 28 de febrero y suscrita por los diputados andaluces de Sumar Enrique Santiago, Toni Valero, Francisco Sierra, Engracia Rivera y Esther Gil.
Se trata de una proposición no de ley para su debate y aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados "relativa a las condiciones para la legitimidad del acuerdo sobre Doñana del Gobierno central y la Junta de Andalucía".
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, suscribieron el pasado 27 de noviembre de 2023 el llamado 'Acuerdo por Doñana', que ponía fin al enfrentamiento que habían mantenido ambas administraciones al hilo de la proposición de ley registrada por los grupos del PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para la regularización de zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, en el entorno del citado espacio natural, que el presidente andaluz ordenó paralizar tras dicho acuerdo con el Gobierno.
Con esta PNL, además de la citada reclamación de transparencia, Sumar quiere que desde el Congreso se inste al Gobierno a "incluir a todas las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones, incluyendo a las comunidades locales, organizaciones medioambientales, científicos, expertos en la materia y el Consejo de Participación" de Doñana.
También, que se inste al Gobierno --del que Sumar forma parte como socio de coalición del PSOE-- a "asegurar que cualquier acuerdo adoptado conlleve al respeto a los principios de sostenibilidad y de no regresión, protegiendo la biodiversidad y los ecosistemas de Doñana".
De igual modo, Sumar quiere que el Congreso inste al Ejecutivo central a "realizar una evaluación ambiental estratégica antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar al Parque Nacional de Doñana como medida de contención", y a "vigilar el cumplimiento de los acuerdos relacionados con la legislación ambiental nacional e internacional; y en particular con el principio de precaución del Tratado de la Unión Europea".
MECANISMO DE EVALUACIÓN PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS
La iniciativa de la coalición que lidera Yolanda Díaz a nivel nacional contempla también la propuesta de que el Congreso emplace al Gobierno a "establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y su efectividad en la protección y conservación de Doñana".
Que el Gobierno cree "un censo de todas las explotaciones agrarias y el derecho de extracción de agua de cada una de ellas, que esta información sea pública y accesible, para garantizar la transparencia y el control del uso indebido de aguas", es otra reclamación que Sumar incluye en esta PNL.
Finalmente, la iniciativa del grupo 'plurinacional' llama a "avanzar hacia una mayor sostenibilidad del Marco de Actuaciones de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y los sectores económicos", y a "priorizar la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de las personas temporeras".
DOÑANA COMO "FOCO DE CONFLICTO"
En su exposición de motivos para justificar esta iniciativa, Sumar subraya que el Parque Nacional de Doñana es "un espacio natural de gran valor ecológico y cultural, reconocido internacionalmente por su biodiversidad y como lugar de paso, cría y refugio de miles de aves europeas y africanas", así como recuerda que "la gestión y conservación de este espacio es responsabilidad compartida entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía".
Desde Sumar sostienen en esta iniciativa que Doñana "vuelve a ser foco del conflicto social y político en España" tras haber sido "objeto de continuas disputas entre la Administración central y la Junta de Andalucía".
El grupo parlamentario entre cuyos diputados figuran el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, remarca también que "recientemente la Unesco dio un ultimátum al presidente" de la Junta, Juanma Moreno, "avisando de que el parque entraría en la Lista de Patrimonio en Peligro si no se toman medidas urgentes y exige un plan de acción".
Desde Sumar concluyen justificando la presentación de esta iniciativa sosteniendo que es "necesario" aplicar las medidas que plantean en ella "con el fin de cumplir los objetivos marcados en el acuerdo" entre la Junta y el Gobierno.
