Vivimos tiempos de esquizofrenia donde todo parece valer. Esta semana una persona, que debería representar a todos los españoles y no solo a quienes la han votado, manifestaba vehementemente en sede parlamentaria que el cobro de dividendos por parte de los accionistas de algunas grandes empresas, a las que incluso señalaba expresamente, es un atraco a mano armada. Cuesta pensar que realmente sabe lo que está diciendo, y que se puedan hacer tales acusaciones y no pase nada. Los dividendos son la proporción de beneficios que una empresa reparte entre sus accionistas grandes y pequeños, después de haber restado a sus ingresos todos los gastos de desarrollar su actividad y haber pagado impuestos. Que los accionistas que arriesgan su dinero puedan cobrar dividendos es atracar, pero modificar las leyes para que se puedan malversar fondos públicos e irse de rositas sí parece estar bien, es democrático y fomenta la convivencia.
También esta semana una ley turística en Canarias ha multado con 3.000 euros a 70.000 propietarios por no ceder sus viviendas a empresas de alquiler turístico, incluso siendo su primera vivienda. La compra de una vivienda habitual suele ser el proyecto de inversión más importante en el que muchas personas acaban involucrándose en algún momento de su vida. El artículo 33 de la Constitución Española reconoce en su primer apartado el derecho a la propiedad privada. En su segundo apartado se indica que la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Es decir, el uso y disfrute de los bienes puede estar limitado o regulado por el interés general o el bienestar público. Visto lo visto, solo hace falta una ley para interpretar que es prioritario ceder tu vivienda o bienes para que otro haga negocio con lo tuyo.
Decía Montesquieu que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, sino que debe ser ley porque es justa, aunque si han conseguido desvirtuar la separación de poderes podemos esperar cualquier cosa. En este contexto láncese usted a emprender y a pagar impuestos, que si después de arriesgar su patrimonio, su tiempo y esfuerzo, consigue beneficios pueden acusarle de atraco a mano armada, o incluso pidan que sus bienes puedan ser puestos a disposición de otros apelando a un presunto interés general. Cuando es necesario defender lo obvio y la seguridad jurídica desaparece de un momento a otro, se está generando desconfianza, desincentivando el emprendimiento y ahuyentando la inversión.
