Ecologistas en Acción confirma mediante comunicado de prensa que “tampoco deja de extrañar la amnesia de los partidos que han gobernando estos últimos años en El Puerto, IP y PSOE, que aprobaron convenios que favorecían de forme ostensible a ciertos especuladores urbanísticos, muy particularmente a Manuel Lores, ¿a cambio de qué?”.
En el 2004, recuerdan, “los partidos que formaban el equipo de Gobierno tramitaron y aprobaron un total de 22 convenios urbanísticos por los que se pretendían recalificar un total de 2.596.000 metros cuadrados de terrenos no urbanizables, de ellos, medio millón clasificados como no urbanizables protegidos por su interés forestal, y todo a cambio de 10.029.382 euros”. Aseguran que uno de dichos convenios, “estaba promovido por la empresa Inverdelmon, propiedad de Lores, que presentó personalmente la propuesta al Ayuntamiento”. En total, confirman, la propuesta pretendía recalificar 27.527 metros cuadrados de terreno forestal protegido, declarado en el actual PGOU como Sistema General de Espacios Libres (SGEL). De las alegaciones presentadas por EA, apuntan, no se aprobó ninguna, saliendo adelante dicho convenio.
Pero “la cosa es más grave todavía. La misma operación que ahora se achaca al actual equipo de Gobierno, la recalificación del estadio de fútbol para permitir un complejo comercial-hotelero, fue ya tramitada por el anterior equipo de Gobierno. Hace tres años, el Ayuntamiento, entonces gobernado por IP y PSOE, tramitó una modificación puntual del PGOU en el ámbito de la Unidad del Cuvillo, con la que se pretendía recalificar el estado de fútbol y parte del pinar propiedad municipal, declarado también SGEl, para usos comercial, hotelero y deportivo”. Igualmente aseguran haber denunciado dicha maniobra, “con la que se pretendía privatizar un patrimonio público, pero de nuevo nuestras alegaciones fueron desestimadas”. El ente conservacionista apunta a que este proceso fue paralizado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente, debido a una denuncia de EA.
Actitudes erróneas
Tampoco entienden que “hay empresarios que deben pensar que pagando se pude hacer lo que les venga en gana, entre otras cosas, condicionar el planeamiento urbanístico a beneficio propio. Si no, no se explica las acusaciones de Lores”. Además, continúa afirmando que “las acusaciones de Lores no dejan de ser sorprendentes porque si son verdad, supondría haber incurrido en un delito de soborno y cohecho, y si son falsas, en delito de injurias”.
El portavoz de Independientes Portuenses, Juan Gómez, considera que es una artimaña más “de hacer que llueva para otro lado”. Y explica que “en el PGOU de 1991el espacio del Cuvillo estaba previsto como suelo urbano no programado, recibiendo en la actualidad un nombre distinto. Así, había que hacer un PERI para dar solución a dichos terrenos, pero se dejó tal cual porque no se sabía qué proyectos se pondrían en marcha, ya que también había intención de trasladar el estadio a otro lugar”, barajándose varios espacios, como “Viña Rango, La Florida o el polígono”.
Pero después, como relata Gómez, “el Racing presentó una nueva propuesta en la que iba a hacerse una modificación puntual de los terrenos en los que está situado el campo, pero es un tema que estaba en conversaciones. Es el Racing el que tiene la concesión de los terrenos por 50 años, y el Ayuntamiento está obligado a buscar una solución, pero no se hicieron propuestas, sólo hubo contactos a nivel informativo”, indica. Para la edil de IP Silvia Gómez, “es una táctica más de Ecologistas en los temas importantes, como ocurre con el alcalde, Enrique Moresco, que siempre culpa a los equipos de Gobierno anteriores de todo, sin acordarse de que fue primer teniente de alcalde del mismo”.
Ecologistas en Acción apoya que se constituya una comisión de investigación sobre los distintos proyectos urbanísticos que Lores ha venido promoviendo en la localidad, y exige tanto al Partido Popular, como a Independientes Portuenses y al Partido Socialista que aclaren sus relaciones con este promotor, “que no se olvide, está imputado en la Operación Malaya”, para poder determinar así las responsabilidades políticas y penales a que hubiera lugar.
