Familiares de dos de las víctimas que fallecieron en el incendio de dos discotecas de Murcia el 1 de octubre de 2023 han presentado una querella para pedir que los responsables de la sala Teatre, donde comenzó el fuego, sean juzgados por “homicidio doloso” y no imprudente.

La querella la han registrado esta semana los familiares de John Douglas y Tania Angélica, que consideran que el propietario de la sala Teatre, Marcos M., su gerente, Juan I., y la empresaria al frente de la discoteca la noche del incendio, Eva M., deben ser investigados por delitos de “homicidio doloso” en circunstancias de “dolo eventual”, y no por “homicidio imprudente”, como hasta el momento.

Según ha explicado a EFE el abogado de las víctimas, Pedro López Graña, la diferencia entre estos dos delitos es que el homicidio doloso por dolo eventual "exige que haya conocimiento previo” de una situación de posible peligro, y que los supuestos responsables se hayan hecho una “representación mental de que puede ocurrir algo”.

En el caso de los tres responsables de Teatre, señala, todos ellos tenían amplia experiencia en el sector del ocio y la hostelería, conocían las obligaciones en materia de seguridad y sabían que el local las estaba incumpliendo en numerosos aspectos, como ha quedado probado durante la investigación.

Así, el local carecía de un sistema de luces de emergencia, ya que no tenía un contrato con la red eléctrica, sino que se abastecía con un transformador que era el sistema que precisamente debía haberse usado en caso de un siniestro, y esa circunstancia hizo que se apagaran las luces de las salas quedando totalmente a oscuras y dificultando la evacuación en Fonda Milagros, donde se produjeron las 13 muertes.

Las dos salas compartían una misma nave industrial, separadas por una pared de placas de yeso, y tenían los mismos sistemas eléctricos y de ventilación: los responsables de Fonda tenían alquilado ese espacio a los de Teatre.

Además, en la querella se apunta a que los tres responsables de esa discoteca no promovieron ningún tipo de formación en prevención de incendios o evacuación del local a sus trabajadores, y que no tenían conocimiento sobre cómo actuar ante una emergencia, solo la instrucción de llamar al propietario ante cualquier contingencia.

Asimismo, la denuncia señala las filtraciones de agua que había en la cubierta de Teatre, que eran conocidas por sus responsables, que habían solicitado presupuestos sin llegar a repararlas, una humedad que los investigadores consideran que contribuyó a desencadenar el fuego al contacto con los elementos químicos de la máquina de fuegos fríos que se usó esa noche en la sala de fiestas.

Por todo ello, López Graña ha considerado que estos tres investigados “sabían que se podía producir una eventual situación de peligro, pero la asumían, no hicieron nada a pesar de tener conocimiento de que algo podría pasar”, motivo por el que apuntan al “dolo eventual”.

Este delito supondría penas mucho mayores para los investigados de demostrarse su culpabilidad, ya que el homicidio imprudente conlleva penas de 1 a 4 años de cárcel, que se pueden agravar hasta 9 en función de la gravedad, pero se establece una única condena por todo el conjunto de víctimas, mientras que el doloso multiplica esas penas por cada una de las víctimas (por ejemplo, de 4 años de cárcel en el caso de un homicidio imprudente, pasarían a ser 52, cuatro años por cada uno de los 13 fallecidos).

Los querellantes continúan pidiendo que se investigue como hasta ahora por homicidio imprudente al resto de investigados en el caso: el dueño de Fonda Milagros, el DJ que organizó la fiesta en Teatre y el propietario de la máquina de fuegos fríos.

Piden que se añada al caso un cuarto investigado por homicidio imprudente, el jefe de seguridad de Teatre, que no alertó, como ningún otro responsables de esa sala, a los de Fonda Milagros del incendio, lo que retrasó la evacuación de esa discoteca unos tres minutos, tiempo que los investigadores consideran que fue crucial para acabar con la muerte de las trece víctimas.

Los familiares de estas dos víctimas mortales piden también que se investigue la posible responsabilidad civil del Ayuntamiento de Murcia, que había impuesto una orden de cese de actividad a Teatre, que no había llegado a ejecutarse.

López Graña quiere que se investigue si hubo comunicaciones entre los responsables de Teatre y funcionarios municipales y jefes de servicio que permitieron mantener abierta la sala a pesar de las numerosas irregularidades y fallos de seguridad detectados.

“Hasta ahora la jueza no atribuye al Ayuntamiento ninguna responsabilidad y para nosotros la tiene indudablemente”, ha señalado, y ha apuntado que en este caso, las penas serían de tipo económico.