“Es fácil esquivar nuestras responsabilidades, pero no podemos esquivar las consecuencias de hacerlo”. Josías Charles Stamp.

Es evidente que este país nuestro es único organizando fiestas y una auténtica calamidad gestionando crisis, reflejo de esta clase política insustancial que en absoluto cumple con las obligaciones básicas para las que está y que no son otras que cubrir las necesidades de los ciudadanos a través de los servicios públicos, invertir en infraestructuras modernas, prevenir los riesgos y protegerles de las situaciones de emergencia advirtiéndoles ante cualquier peligro y, una vez producido, gestionándolo con la mayor eficacia posible. Pero gestionar no es lo suyo, a la vista está, lo suyo es otra cosa mucho más insustancial, más de verborrea barata y mucha pose mediática. Pero gestionar no, quizás fruto, y en esto somos culpables todos, de que la gestión no hace ganar las elecciones sino más bien el circo, el confeti. La única política que hay es la de mantenerse en el poder como sea y para quienes están en la oposición derribar a quien gobierna para conseguir el poder, también como sea. Por eso cuando se hace evidente un desastre de gestión aparece, indefectiblemente, el “y tú más”. Y todo ello confundiendo al pueblo para arrimarlo a sus ascuas.

Ni tan siquiera nuestros políticos son capaces de ponerse de acuerdo ante tragedias. Ni por un rato. Unos días al menos mientras hay muertos y barro… Ni eso.

Las crisis, por duro que sea decirlo, representan una oportunidad, al menos si somos capaces de aprender de ellas. Si mañana se produjese otra pandemia sanitaria y se declarara estado de alarma para confinarnos de nuevo, lo cual no vendría nada mal a ver si somos capaces de reflexionar sobre el declive en general hacia el que vamos, hay un montón de estupideces que no haríamos, que intuíamos cuando las hacíamos que eran estupideces y que el tiempo las ha confirmado como tales. Hemos aprendido. Lo de ahora debiera ser parecido. Debiéramos tomar conciencia y poner en valor la incapacidad de gestión, el oportunismo ventajista y rastrero y determinada inutilidad competencial de las comunidades autónomas que, todo junto, entorpece la agilidad que requiere crisis de esta envergadura. La necesidad de que haya consecuencias, no que la culpa la tenga el la la la y que nadie dimita aunque sea solo por vergüenza. De haberla.

La desafección de los ciudadanos a nuestro sistema político alcanza actualmente el punto más álgido de toda la democracia, no sólo los habitantes de los pueblos valencianos afectados por la Dana, que obviamente, sino por la mayoría de españoles que llevamos desde la pandemia asistiendo a un espectáculo de un circo político bochornoso. Con un rosario de noticias que copan los medios y las redes exprimiéndolas hasta la saciedad y que sólo y únicamente persiguen el desgaste político de unos y otros y, por supuesto, tenernos entretenidos en los dimes y diretes. Mientras tanto, ni se habla de economía, ni se habla de proyectos de construcción de viviendas, ni de mejoras en los servicios públicos, nada de lo que verdaderamente importa y necesita el pueblo votante, trabajador, pagador de innumerables impuestos que permiten un inmenso entramado político duplicado, triplicado, cuadruplicado a veces y, a pesar de ello, estéril e inútil.

Tampoco interesa que los ciudadanos estén bien informados, esto no es nuevo, los planes educativos cada vez han ido más orientados a que la cultura general sea mínima. Y en este marco de ignorancia reman a su favor las comunidades autónomas, que aunque lleven existiendo cuarenta años son pocos los ciudadanos que conocen cuáles son sus competencias y cómo funciona el Estado de Derecho autonómico que configuró nuestra Constitución. Que nadie se equivoque: el Estado no es sólo el gobierno central, lo conforma todos los niveles de administraciones públicas que tenemos. Pero la mayoría tiene en la cabeza que los servicios públicos dependen o del ayuntamiento o del gobierno de la nación. Si hay problema en los colegios públicos o en la sanidad, por falta de medios o por un desastre organizativo, se piensa que el responsable es el gobierno central. Es más, las mismas comunidades autónomas le echan la culpa sin pudor, conscientes de que la ciudadanía no se lo va a discutir porque no se entera. Pero la competencia en educación y en sanidad es exclusiva de las comunidades autónomas. Lo mismo ocurre con el problema de la vivienda, el gobierno central no tiene competencia más que en dictar leyes generales, pero no puede construir viviendas públicas, ni actuar sobre la política de suelo para abaratarlo. La competencia es autonómica y, en segundo plano, de los ayuntamientos.

Y llegamos al tema de esta última semana, quien tiene la competencia exclusiva de protección civil son las comunidades autónomas, son quienes tienen que fijar los niveles de alerta, son quienes tienen que avisar a los ayuntamientos y a la población. No es el gobierno central, porque si lo hace estaría invadiendo competencias autonómicas. El tema es que aún se arrastra la concepción franquista de un gobierno de la nación que lo puede todo y que es responsable de todo, pero no, nuestro Estado de Derecho Autonómico deja claro las competencias y responsabilidades de cada uno. Eso sí, también se tiene establecido el principio de cooperación y colaboración, que, obviamente, ha de ser solicitado por la administración que la necesita. Pero la gente no entiende que las competencias autonómicas tienen que ser respetadas por el gobierno central, al igual que las de los ayuntamientos tienen que respetarlas el resto de administraciones. El Tribunal Constitucional se ha dedicado de forma masiva a recursos de comunidades autónomas contra los distintos gobiernos centrales al considerar que le habían hurtado o pisado competencias autonómicas.

El gobierno central lo que si puede hacer es declarar el estado de alarma. No haberlo hecho en el territorio valenciano afectado es responsabilidad de Pedro Sánchez. El único responsable, pero la Ley dice que procederá “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes”. Es decir, su declaración sólo se podía justificar dejando claro públicamente que la Generalitat Valenciana, en manos del PP, tenía una incapacidad manifiesta de gestionar la situación. Incapacidad que, a estas alturas, nadie duda y, en concreto, de su presidente, Carlos Mazón, al que no le quedaría más salida que abandonar la vida pública por siempre jamás y a quien en su partido le han dejado completamente solo porque nadie quiere verse manchado con su imagen. No se puede hacer peor y lo grave es que no asuma la responsabilidad de reconocerlo y se aparte, al menos para dejar de molestar. Pero si analizamos la situación de forma sosegada y honesta, podemos imaginar la que hubiera liado el PP y todos de haberle quitado el gobierno la competencia a la Generalitat y haberla hecho suya tomando el mando. Y aún más cuando Mazón ha dejado muy claro que el mando es suyo, incluso sobre los ministros del gobierno central a los que les ha pedido ayuda. Es indudable que lo hubieran impugnado al Constitucional.

Situaciones como la vivida vuelve a poner en entredicho el modelo de nuestro sistema político y el eterno debate sobre las comunidades autónomas, con un reparto de competencias que poco se conoce ni, llegado el momento, se entiende y, por ello, el ciudadano no lo termina de asimilar. Seguramente por el juego que sobre ellas hacen los propios partidos en función de cómo les sople el viento. Un dato importante: las 17 comunidades autónomas tienen 1.261 parlamentarios, 2.500 asesores y nada menos que 1.862.329 funcionarios. Sin duda, este es un motivo de peso que explica su principal razón de ser.