Consumo abre expediente a plataforma de pisos turísticos por no quitar anuncios ilícitos

La Dirección General de Consumo ha incoado un expediente sancionador a una plataforma de alquiler de pisos turísticos tras solicitar a la misma y no hacerlo que retirara "de forma inminente" miles de anuncios con publicidad "ilícita" de alojamientos.

Según informa en un comunicado el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que integra a esta dirección general, el expediente sancionador incoado tendrá un periodo de instrucción hasta que se resuelva si sanciona a la plataforma, a la que no identifica.

Se trata de la tercera investigación abierta por parte de Consumo relacionada con pisos turísticos tras detectar el pasado octubre diversas irregularidades en agencias inmobiliarias por prácticas abusivas en alquileres temporales y hace apenas una semana iniciar otra investigación contra grandes empresas de viviendas turísticas que podrían estar incurriendo en "prácticas engañosas" e infracciones de la ley para la defensa de los consumidores.

En este caso, las pesquisas de la Dirección General de Consumo comenzaron el mes de junio con un requerimiento a diversas plataformas de alquiler de pisos turísticos para obtener información sobre las viviendas anunciadas en sus dominios.

Consumo explica en su comunicado que a esta petición de información, se sumó un nuevo requerimiento de cese enviado a una de estas plataformas en la que se le instó a retirar "de forma inminente" miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio que no ofrecían su número de licencia, entre otros posibles incumplimientos del Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Ahora, meses después del inicio de la investigación y tras comprobar que los anuncios no han sido retirados, la Dirección General de Consumo ha incoado expediente sancionador a esta plataforma por no dar solución al problema detectado.

Según el precepto legal, las prácticas mencionadas pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Consumo destaca que los anuncios de pisos turísticos detectados en la investigación están siendo comercializados en diferentes comunidades autónomas, lo que podría generar, a ojos de la Dirección General de Consumo, "lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada".

Según recuerda el comunicado todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo fijado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, Pablo Bustinduy, de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España.

"Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", ha llegado a manifestar el ministro, al tiempo que también ha señalado que "ninguna empresa en España, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley".