La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha acusado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de intentar perjudicar la independencia judicial con su queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que denunció que se habían filtrado algunos datos personales en la documentación que la Guardia Civil trasladó al Tribunal Supremo en la causa donde se le investiga.
Así consta en un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, donde la APIF también reprocha a García Ortiz que en vez de promover la acción de la justicia hace "todo lo posible por frustrarla y boicotearla".
"La queja planteada por el fiscal general del Estado carece de todo sustento legal, toda vez que la fuerza policial investigadora no tiene ninguna base legal para cercenar contenidos a su antojo, sino que debe hacer, precisamente, como ha hecho la Unidad Central Operativa (UCO), incluir todos los datos que no afecten a la esfera más personal del investigado", ha la APIF en su escrito.
En este sentido, han asegurado que ese modo de proceder de la UCO "es algo que acontece en todos los procesos judiciales" con intervención de comunicaciones y que por ello, el fiscal general pretende evadir el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes "sin base legal alguna" con una queja que "en realidad lo que pretende esa afectar a la independencia judicial".
La APIF, representada por los abogados Juan Antonio Frago, Argimiro Vázquez, Álvaro Bernad Sánchez, Verónica Suárez y Napoleón Cánovas, también considera que el fiscal general ve al Supremo como "un instrumento de persecución política" que actúa movido "por razones extrajurídicas", lo que para la asociación "siembra dudas sobre la legitimidad de la justicia española", motivo por el que le piden que deje el cargo.
"Consideramos que no se puede ser parte del sistema (ejerciendo el cargo que aún hoy en día ejerce) y simultáneamente su saboteador", han defendido, enumerando otras "conductas impropias" como que eliminase "intencionalmente" mensajes de su móvil el día que el Supremo abrió causa contra él o que se dedique a boicotear la justicia en vez de promover su acción "en defensa de la legalidad".
La asociación de fiscales también ha ironizado con que la queja formulada por García Ortiz ante el CGPJ solo ha podido conocerse con una filtración de él mismo o de su entorno: "Nos planteamos lo siguiente, ¿cómo se ha conocido la queja formulada ante el CGPJ, si no es por la filtración del propio Fiscal General del Estado o su entorno?".
TAMBIÉN SEÑALAN A LA ABOGACÍA DEL ESTADO
APIF también ha señalado que la Abogacía del Estado está actuando en esta causa "de un modo que debe censurarse", sosteniendo que sus representantes están utilizando los recursos que les ofrece la ley, "no para centrarse en combatir las resoluciones concretas que se impugnan, sino para enumerar toda una retahíla de vulneraciones, nulidades, ilegalidades que no vienen al caso".
"Ya hemos denunciado en escritos previos que esta institución está incurriendo en un abuso de derecho no amparado por la ley. Además, consideramos que si está actuando de este modo es precisamente para intentar lograr que el Tribunal Supremo no tramite alguno de sus recursos y después poder denunciar esta omisión", han proseguido en su explicación.
