Agentes pertenecientes al equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Coín, en el marco del plan nacional contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, han llevado a cabo la denominada operación 'Chafarinas' en la que han detenido a un matrimonio por la supuesta comisión de los delitos de estafa, amenazas, coacciones y hurtos de frutos del campo.

La investigación se inició en abril del pasado año cuando tres personas interpusieron sendas denuncias en varias dependencias de la Guardia Civil, donde manifestaban haber sido ser víctimas de varios delitos.

En todos los casos, el modus operandi que habían utilizado era el mismo, y cuya autoría apuntaba directamente sobre un matrimonio con residencia en la localidad de Antequera, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación llevada a cabo determinó que estas personas arrendaron dos fincas de olivos en los municipios malagueños de Alhaurín de la Torre y una de almendros en Ardales, fijando unas condiciones con sus legítimos propietarios, por las que debían realizar los trabajos de mantenimiento, poda, limpieza y recolección de los frutos en las citadas fincas.

Además de no realizar los trabajos acordados con los propietarios, después de la recogida de los frutos, en este caso, aceitunas y almendras, estas personas abandonaban la finca, llevándose todos los beneficios que el cultivo generaba, no volviendo a tener el propietario noticias de ellos.

De igual modo, los investigadores han podido conocer que, los ahora detenidos, supuestamente habrían participado en numerosos hechos similares denunciados en varias localidades andaluzas haciendo uso del mismo modus operandi.

En el mes de octubre, una de las víctimas presentó una nueva denuncia, en la que manifestaba que estas personas le habrían hurtado más de 3.000 kilogramos de aceitunas, por lo que la investigación continúa abierta para determinar si existen más víctimas por hechos similares cometidos por estas personas. Los beneficios que el matrimonio obtuvo con la estafa a los propietarios de las fincas ascenderían a 20.000 euros.