Expertos y agentes socioeconómicos coinciden en calificar de “oportunidad única” el Plan de Ordenación Urbanístico Municipal de Tarragona (POUM), que está en fase de negociación entre partidos y Ayuntamiento, con planteamientos dispares, para su aprobación inicial previsiblemente este primer semestre.
El POUM, tras la anulación del anterior, se ha erigido como vía para planificar el crecimiento de la ciudad, dar respuesta a la alta demanda de vivienda en diversos sectores y fomentar un desarrollo urbanístico equilibrado, más allá de proyectos de gran envergadura de interés mediático. En el marco de la jornada ‘Vivienda protegida, la cruda realidad’, organizada por la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona, se expusieron datos que muestran "lo mucho que queda por hacer y la importancia la colaboración público-privada para hacer realidad planes que sobre el papel pueden resultar ambiciosos, pero que son de difícil ejecución".
Economistas y urbanistas repasaron los datos de construcción de vivienda protegida en Cataluña, comunidad que está en el furgón de cola de promoción de vivienda pública, solo por delante de Canarias, Ceuta, Murcia y Galicia. La fotografía que proyecta las cifras sobre demandantes de VPO inscritos y el número de viviendas acabadas evidencia un desajuste. En Cataluña, en 2023, se acabaron 3.491 viviendas protegidas para 48.631 solicitudes, mientras que en Tarragona se finalizaron 10 viviendas para 527 solicitantes.
En el mismo foro se hizo hincapié en que, aunque existe la creencia de que la VPO puede ser de inferior calidad o es básicamente para un público sin recursos o en riesgo de exclusión, la realidad es otra: la vivienda protegida tiene las mismas obligaciones técnicas, puede diferir en los acabados, y es muy demandada entre jóvenes y clase media.
El papel del promotor
La necesidad de vertebrar una auténtica colaboración público-privada se sustenta además con otros datos del histórico reciente en Cataluña. Durante el periodo 2013-2023, el 34% de las 13.320 viviendas protegidas fueron promovidas por la Generalitat u otros promotores públicos, mientras que el 66% restante fue promovido por promotores privados, como publica Servimedia.
No obstante, aunque hace más de una década que no se destinan recursos del Estado a la promoción de nuevas viviendas de protección oficial, los expertos y el sector empresarial recuerdan que planes como los anunciados por Ila o los propios planteamientos que hace el POUM de Tarragona en vivienda protegida son de casi “imposible cumplimento”.
En el caso de la capital tarraconense, el consistorio ha proyectado mediante el POUM más de 22.600 viviendas, de las que 13.000 son protegidas. Desde el sector promotor y empresarial han reclamado en varios foros un equilibrio entre lo proyectado en vivienda libre y protegida porque en algunos sectores, con hasta el 60% de vivienda de protección oficial previsto sobre plano, será difícil construir por costes.
Y, más allá de porcentajes, desde el sector se ha constatado que Cataluña está inmersa en una “vorágine de normativa urbanística” sobre vivienda, contención de rentas y más aspectos, que harán “prácticamente imposible una comprensión ágil y fácil” para el promotor que debe poder edificar.
