Urbanismo obliga a vecinos de las Callejuelas a pintar sus viviendas
Algunos de los afectados son personas mayores con escasos ingresos económicos que tienen que hacer frente en un pago de 3.000 euros.
El PSOE de San Fernando ha denunciado que la Gerencia de Urbanismo está obligando a través de órdenes de ejecución a varios vecinos de la zona de Las Callejuelas del barrio del Carmen a acometer reformas en sus fachadas sin tener en cuenta el nivel económico de los vecinos y en un claro agravio comparativo. Los expedientes se amparan en el artículo 3.3 de la Ordenanza del Peprich que dice que "se consideran colores adecuados los de las gamas del color blanco, al igual que aquellos otros cuya presencia en la edificación esté acreditada…”.
De este modo, desde el Ayuntamiento obliga a los vecinos afectados a resanar y repintar las fachadas en un plazo de un mes, tras la previa presentación de un estudio de seguridad y salud, para cumplir con el Peprich. Pero desde el PSOE de San Fernando no se entiende que se obligue a los ciudadanos a realizar obras con un coste de entre 2.000 y 3.000 euros sin que los afectados hubieran mostrado su voluntad previa de hacer algún tipo de reforma en la vivienda. Sobre todo, teniendo en cuenta que además esté previsto, en caso de incumplimiento, la imposición de multas periódicas de un 10 por ciento del coste de las obras.
Para los socialistas, lo normal es exigir este tipo de actuaciones en las viviendas afectadas por el Peprich una vez que los propietarios pidan una licencia de obra para hacer cualquier tipo de reformas en la casa, "pero es de una alarmante falta de sensibilidad con las condiciones económicas de las familias isleñas que el Ayuntamiento exija la realización de estas reformas en cualquier momento y de forma completamente arbitraria".
Ese tipo de actuaciones suponen un "agravio comparativo de primer nivel", ya que si les exige a estos vecinos de las Callejuelas, donde viven personas mayores sin más ingresos que sus pensiones, afrontar este imprevisto y elevado gasto, por lo que "habría que exigírselo a todos los residentes del casco histórico en una situación similar. Algo que evidentemente no ha ocurrido por la alarma social que supondría".
“Son muchas las fincas afectadas por la ordenación del Peprich en el Conjunto Histórico, y entendemos que una aplicación justa y equitativa es exigir la adecuación a sus dictados conforme se realicen actuaciones en las mismas por iniciativa de sus propietarios o en caso de ruina u otra circunstancia urgente que así lo aconseje”, aseguró la responsable en asuntos urbanísticos del PSOE de San Fernando.
Ayudas a la Rehabilitación
“Si se quiere actuar en el barrio, el Ayuntamiento por una vez debería hacer las cosas bien y plantear un plan de ayudas previo para compensar la desventajas que supone residir en viviendas afectadas por el Peprich. Pero el propio Ayuntamiento incumple sus propias normativas, ya que existe la obligación de redactar una Ordenanza Especial de ayudas a la rehabilitación en dos años desde la aprobación del Peprich, se ha cumplido el plazo y aún no hay noticias de que vaya a aprobarse. Una ordenanza por el que el Ayuntamiento fomentaría la rehabilitación mediante el otorgamiento de ayudas y la prestación de asistencia técnica que fuera necesaria.
Pero una vez más, es curioso cómo el Ayuntamiento gobernado por José Loaiza incumple sus propias normas y pide a los ciudadanos que cumplan, con el objetivo de recaudar dinero precisamente y una vez más de los que menos tienen”, explicó Patricia Cavada.
De este modo, desde el Ayuntamiento obliga a los vecinos afectados a resanar y repintar las fachadas en un plazo de un mes, tras la previa presentación de un estudio de seguridad y salud, para cumplir con el Peprich. Pero desde el PSOE de San Fernando no se entiende que se obligue a los ciudadanos a realizar obras con un coste de entre 2.000 y 3.000 euros sin que los afectados hubieran mostrado su voluntad previa de hacer algún tipo de reforma en la vivienda. Sobre todo, teniendo en cuenta que además esté previsto, en caso de incumplimiento, la imposición de multas periódicas de un 10 por ciento del coste de las obras.
Para los socialistas, lo normal es exigir este tipo de actuaciones en las viviendas afectadas por el Peprich una vez que los propietarios pidan una licencia de obra para hacer cualquier tipo de reformas en la casa, "pero es de una alarmante falta de sensibilidad con las condiciones económicas de las familias isleñas que el Ayuntamiento exija la realización de estas reformas en cualquier momento y de forma completamente arbitraria".
Ese tipo de actuaciones suponen un "agravio comparativo de primer nivel", ya que si les exige a estos vecinos de las Callejuelas, donde viven personas mayores sin más ingresos que sus pensiones, afrontar este imprevisto y elevado gasto, por lo que "habría que exigírselo a todos los residentes del casco histórico en una situación similar. Algo que evidentemente no ha ocurrido por la alarma social que supondría".
“Son muchas las fincas afectadas por la ordenación del Peprich en el Conjunto Histórico, y entendemos que una aplicación justa y equitativa es exigir la adecuación a sus dictados conforme se realicen actuaciones en las mismas por iniciativa de sus propietarios o en caso de ruina u otra circunstancia urgente que así lo aconseje”, aseguró la responsable en asuntos urbanísticos del PSOE de San Fernando.
Ayudas a la Rehabilitación
“Si se quiere actuar en el barrio, el Ayuntamiento por una vez debería hacer las cosas bien y plantear un plan de ayudas previo para compensar la desventajas que supone residir en viviendas afectadas por el Peprich. Pero el propio Ayuntamiento incumple sus propias normativas, ya que existe la obligación de redactar una Ordenanza Especial de ayudas a la rehabilitación en dos años desde la aprobación del Peprich, se ha cumplido el plazo y aún no hay noticias de que vaya a aprobarse. Una ordenanza por el que el Ayuntamiento fomentaría la rehabilitación mediante el otorgamiento de ayudas y la prestación de asistencia técnica que fuera necesaria.
Pero una vez más, es curioso cómo el Ayuntamiento gobernado por José Loaiza incumple sus propias normas y pide a los ciudadanos que cumplan, con el objetivo de recaudar dinero precisamente y una vez más de los que menos tienen”, explicó Patricia Cavada.
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