Las mancomunidades de la provincia de Huelva, reunidas este lunes en la Diputación Provincial, han expresado su rechazo a los planes de reforma de la administración local aprobados por el Gobierno, y se han posicionado junto a la Federación Española de Municipios y Provincias, organismo que ve en la futura ley una amenaza de intervención a miles de ayuntamientos de todo el país.
Los presidentes de las mancomunidades onubenses han solicitado hoy al ejecutivo de Rajoy una “reflexión” sobre la nueva normativa en torno a la administración local porque “hasta los alcaldes del Partido Popular representados en la FEMP” han rechazado esta reforma porque intuyen que “va a empeorar la calidad” de los servicios esenciales que se prestan a los ciudadanos.
En ese sentido también se ha manifestado el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, quien ha expresado que la nueva reforma esconde la “privatización” de los servicios y va a reducir a las diputaciones provinciales a meras “centrales de compras”.
Ante el rechazo generalizado que la pretendida reforma de administración local está produciendo en todo el ámbito institucional y político del país, los presidentes de las mancomunidades onubenses piden a Mariano Rajoy que retire el anteproyecto e inicie una negociación con todos los partidos políticos, las administraciones locales y las comunidades autónomas.
“Todas las cuestiones que hay que corregir se deben hacer con diálogo y consenso de todas las partes”, han asegurado los presidentes de mancomunidades, y consideran “fundamental” una ley de competencias que determine las obligaciones y responsabilidades de las corporaciones locales, así como una ley de financiación para garantizar que los recursos esenciales para prestar servicios se llevan a cabo.
Las mancomunidades reunidas hoy en la Diputación onubense han coincidido también en los planteamientos de la FEMP, entidad que considera que los municipios menores de 5.000 habitantes tienen encima “una espada de Damocles, que es ser intervenidos”.
Otro de los aspecto en el que los presidentes han coincidido en rechazar es el aspecto competencial, concretamente el traspaso de la prestación de servicios en materia de educación de los ayuntamientos a las comunidades pero no así de su financiación. “No puede ser que las entidades locales financien a las comunidades autónomas, máxime teniendo esta situación tan compleja en los ayuntamientos”, han subrayado.
