Hace unos días conocimos el Dictamen desfavorable del Consejo de Estado sobre el proyecto de reforma de la administración local que ha provocado una respuesta un tanto infantil por parte del Gobierno al destacar que confirma que es de su competencia la regulación de esta materia, cosa que, por otra parte, sólo cuestionaba un sector minoritario. Pero el problema es lo que se regule en el ejercicio de dicha competencia, y a este respecto recuerda que según el Tribunal Constitucional el límite está en mantener a las instituciones en términos reconocibles para la sociedad en cada tiempo y lugar y esa garantía constitucional se vulnera cuando se limitan de tal modo que se les priva de sus posibilidades de existencia real, convirtiéndolas en simples nombres, como sucede con los Ayuntamientos en este proyecto según el cual, por motivos estrictamente económicos, se puede producir una “función ablativa” (sic) de las competencias municipales, en palabras del propio Consejo de Estado. Y las cosas se pueden decir más altas pero no más claras ni más rotundas, y desde luego no puede colegirse de este calificativo ninguna aprobación, ni explícita ni implícita, a dicho proyecto.

Los ejes fundamentales sobre los que gira el Dictamen del Consejo de Estado son:

– El desapoderamiento de los Ayuntamientos en favor de las Provincias, que podría vulnerar la garantía de la autonomía local consagrada en los artículos 137 y 140 de la Constitución, además del hecho de que las Diputaciones son entidades de representación indirecta y por lo tanto contrarias a la Carta Europea de la Autonomía Local al no estar sometidas al refrendo de las urnas. Es decir, al contrario de lo que anunció el Ministro Montoro y el Secretario de Estado Beteta, supone un ataque en toda regla al municipalismo y su reconocimiento social y político.

– La concepción del coste estándar y su falta de regulación específica, que, además de suponer un cheque en blanco al Gobierno, podría vulnerar el artículo 135 de la Constitución después de su reforma, ya que la valoración de las obligaciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera debe referirse a la Hacienda municipal en su conjunto y no a cada competencia o servicio individualmente considerado, como prevé el proyecto.

Es evidente que este Dictamen supone el cuestionamiento de toda la filosofía gubernamental sobre la reforma local, recomendando, incluso, decantarse preferiblemente por otras fórmulas, como las mancomunidades, las agrupaciones supramunicipales o la fusión de municipios, a la que, por cierto, dedica un amplio apartado, coincidiendo con otros organismos que ya lo hicieron, como el Comité de las Regiones en 1990, o más recientemente nuestro Tribunal de Cuentas en 2011, así como gran parte de la doctrina, la docencia y el municipalismo en general como pude comprobar en primera persona en un reciente Congreso Internacional en el que defendí mi ponencia en este sentido y que congregó un buen número de adhesiones.

En cualquier caso de lo que se trata es de que alguien ponga un poco de cordura y sensatez en el Gobierno y le haga ver que esta reforma no es el camino. No sólo se le está advirtiendo desde todas partes, incluido ahora el Consejo de Estado, sino que sabe que, de convertirse en ley, va a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, augurándole una más que segura sentencia de inconstitucionalidad, pero dentro de algunos años, cuando el daño ya esté hecho y su reparación no sea sencilla, sin contar con el descrédito como país ante nuestros socios europeos. Además de que su puesta en práctica no va a resultar pacífica, pues la población no va a aceptar de buen grado ese nuevo sistema, con la consiguiente conflictividad social a pocas fechas de las próximas elecciones locales y autonómicas. Por lo que quienes ahora no quieren moverse para evitar no salir en la foto (parafraseando a Alfonso Guerra) acabarán llevándose, irremediablemente, las manos a la cabeza. No me cabe ninguna duda.