La Junta de Andalucía se ha personado como acusación particular en el caso que investiga la supuesta desaparición de casi 1,2 millones de euros de fondos de la Comunidad de Regantes de Monte Algaida, destinados en principio a afrontar los gastos de escrituras de los terrenos de los agricultores - casi 200, que se han visto afectados por esta situación-. 

Este dinero debía haberse destinado al Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) en base a un convenio firmado entre la Junta de Andalucía y los regantes para legalizar los terrenos de los socios de la Comunidad de Monte Algaida. Precisamente, los “indicios de delito” detectados por la Administración andaluza a principios de 2008 en este acuerdo, y la denuncia realizada por unos 80 agricultores afectados a la propia Junta, posibilitaron el interés de la Fiscalía en el caso, aunque finalmente están siendo los tribunales sanluqueños los encargados de la instrucción del mismo. 

Desde el pasado mes de septiembre, han sido varios los cargos de la Comunidad de Regantes de Monte Algaida que han acudido a prestar declaración ante el titular del juzgado número dos de Sanlúcar de Barrameda. Junto al ex secretario de los regantes, José Antonio Pérez Raposo, que fue denunciado por la propia Comunidad, también han acudido a declarar en calidad de imputados en el caso el actual presidente del órgano gestor, José Romero, y el tesorero, José Manuel Sánchez Vega. 

El juzgado local ha venido llamando a declarar a las personas que, de algún otro modo, estuvieron relacionadas o tuvieron conocimiento del desvío de esos fondos, que según explicó en su momento el presidente de los regantes, se había destinado al pago del asfaltado de varios caminos rurales. 

Ahora serán los tribunales los que tendrán que decidir si el dinero que se empleó en asfaltar los caminos rurales se corresponde con el recaudado por la Comunidad de Regantes de Monte Algaida y que debería haber sido destinado al IARA. 

Por este motivo, en las próximas semanas están citados a declarar tanto la ex mujer del entonces secretario de los regantes, en calidad de imputada, y , como testigo, el constructor encargado de ejecutar los trabajos de asfaltado de los caminos rurales en Monte Algaida. 

Tras tomar declaración a estas personas, el juez tendrá que decidir si continúa adelante con el caso recabando más pruebas y llamando a declarar a más testigos o posibles imputados o bien declara el sobreseimiento del mismo, aunque no hay que olvidar el respaldo de la personación como acusación particular de la Junta de Andalucía en el caso,ya que se trata de dinero público que se debía haber recaudado para el IARA. 


IMPAGOS


La delicada situación de la Comunidad de Regantes de Monte Algaida y el supuesto desfalco millonario saltaron a la prensa a mediados del pasado mes de junio, a raíz del corte en el suministro de agua que sufrieron los agricultores por impago a la Comunidad de Regantes de la Costa Noroeste. Fue en ese momento cuando la Comunidad de Regantes dio a conocer a los asociados que el dinero que se había recaudado para el IARA, casi 1,2 millones de euros, se destinó a otros fines y procedió a denunciar al anterior secretario de la entidad, si bien la Fiscalía ya había solicitado información a los Regantes sobre el asunto.