Desde los años 70, la progresiva extensión de las doctrinas neoliberales y su aplicación por parte de gobiernos de todo el mundo ha tenido como consecuencia, entre otras, la privatización de un gran número de servicios públicos esenciales, dejando éstos de ser derechos ciudadanos para convertirse en negocios con los que obtener beneficios particulares a costa de la expropiación de los recursos públicos.
Los servicios de gestión de los residuos y limpieza urbana constituyen sin duda uno de los mayores exponentes de esta realidad, alcanzando un volumen de negocio en España de 5.150 millones de euros en 2013, en su mayor parte gestionados por empresas multinacionales que obtienen beneficios sin riesgo, garantizados por porcentajes cada vez mayores de los presupuestos municipales y por usuarios que son clientes cautivos al tratarse de servicios básicos de los que no se puede prescindir.
La utilización de este modelo de gestión, sin embargo, no ha redundado en una mayor eficiencia o ahorro en la prestación de los servicios, en un incremento de su calidad o de la protección ambiental, ni en un aumento de la creación de empleo o una mejora de las condiciones laborales del sector. Más bien al contrario, esta mercantilización ha supuesto, según el Tribunal de Cuentas, un sobrecoste que oscila de media entre el 27% en la recogida de basuras y el 71% en la limpieza viaria, además de una constatable precarización de las condiciones laborales y una disminución de las inversiones necesarias para prestar los servicios en condiciones ambientalmente aceptables.
Sirva como ejemplo el caso de la ciudad de Jaén, donde la gestión del servicio por parte de la multinacional FCC, propiedad del millonario mejicano Carlos Slim, supone anualmente un sobrecoste de más de 8 millones de euros respecto a lo que costaría si lo prestara directamente el Ayuntamiento. En los 30 años que FCC lleva prestando este servicio (los últimos 4 sin contrato vigente), el coste del mismo por habitante y año se ha multiplicado por 10, pasando de aproximadamente 17 euros a los 178 de 2014.
Frente a esta situación, es necesaria una decidida apuesta de los Ayuntamientos por recuperar la gestión directa de los servicios públicos municipales en general y la gestión de los residuos urbanos y la limpieza viaria en particular, de manera que se garantice la inclusión de criterios económicos, ecológicos y sociales ausentes en el modelo de gestión privada.
Necesitamos recuperar la gestión pública de estos servicios para disminuir el coste económico para los ciudadanos y ciudadanas y poder reinvertir los beneficios en la generación de nuevos puestos de trabajo, por ejemplo mediante el desarrollo de experiencias de recogida y valorización de residuos reutilizables y reciclables por parte de empresas de economía social y cooperativa, a través del establecimiento de cláusulas sociales y reservas de mercado para la inclusión de colectivos vulnerables.
Necesitamos además una gestión de los residuos enfocada de una vez por todas a la prevención, la reutilización y el reciclaje frente al vertido, avanzando hacia las premisas de una economía circular, eficiente en el uso de los recursos y de baja emisión de carbono que nos ayude a luchar contra el cambio climático y a limitar los impactos medioambientales de nuestro modelo de producción y consumo. Nada de esto es posible dentro de un modelo mercantilizado que prioriza la maximización del beneficio económico por encima de cualquier otra consideración. Prueba de ello es la resistencia que numerosos sectores empresariales muestran, por ejemplo, a la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR), a pesar de haber alcanzado en países como Alemania y Canadá una efectividad en el reciclado de envases del 90%, cuando en nuestro país no se supera el 30%.
En definitiva, necesitamos remunicipalizar los servicios de gestión de residuos para que puedan satisfacer las necesidades de la mayoría social, proporcionar bienestar y calidad ambiental, y ser un factor para el desarrollo de nuestros territorios, y no únicamente un negocio multimillonario que se lleva los beneficios a miles de kilómetros de nuestras ciudades.
Sara Martínez,
Miembro de la Ejecutiva Federal de EQUO y concejala de Jaén en Común
