Hemos conocido en estos días el Auto de sobreseimiento y archivo de la causa abierta contra Enrique Moresco y Patricia Ybarra tras la denuncia presentada por Ecologistas en Acción por lo que los ecologistas consideraron una dejación de funciones en la persecución de la construcción ilegal.
El Auto sin embargo ordena continuar la causa contra el concejal que relevó en el cargo a Patricia Ybarra, Diego Muñoz.
A veces, en la política a uno le tocan cosas desagradables que como se suele decir van en el cargo, pero sin duda, desde mi punto de vista, lo peor es esas imputaciones que se dan simplemente “porque uno pasaba por allí”. Y creo sinceramente que este caso ha sido uno de esos porque precisamente tanto Enrique Moresco como Patricia Ybarra no fueron tibios en la lucha contra la construcción ilegal, a pesar de que ello los pusiera en una situación incómoda con los vecinos de estas viviendas.
Al llegar a la Alcaldía y a la Delegación de Urbanismo, se les puso encima de la mesa cientos de carpetas de expedientes con evidentes ilegalidades, con vales para obtener luz y agua firmados por anteriores responsables políticos que los políticos del PP no dudaron en enviar a la Fiscalía, porque no hacerlo era ser connivente con la ilegalidad.
No sólo se puso en conocimiento de la Justicia las ilegalidades que se fueron manifestando, sino que se ampliaron los medios con los que contaba la Delegación de Urbanismo para luchar de manera más eficaz con una tendencia que había que parar.
En la primera Relación de Puestos de Trabajo sacamos adelante la plaza de Jefe de Servicio de Disciplina Urbanística, y la de dos inspectores.
El primero de ellos, debía ser licenciado en derecho, los otros arquitectos. Además se añadió al servicio un equipo de cinco policías locales. Con ello se pretendía tener un equipo nuevo e independiente, de los que con anterioridad habían llevado la disciplina urbanística con escaso éxito.
Bueno, lo del éxito es relativo porque si los vales los daban los responsables políticos y las licencias se conseguían por silencio administrativo el éxito era total para los que estaban en ese ajo.
Pero no fue el caso de los dos responsables que ahora se ven exonerados de haber permitido la construcción ilegal.
Por eso, la verdad es que esta causa ha sido injusta, y aunque Enrique y Patricia siempre manifestaron que estaban muy tranquilos, no debe ser agradable levantarse con portadas en las que todo el municipio se entera que a uno le han imputado. Y aunque se explique por activa y pasiva que no hay nada, no deja de ser la palabra de uno contra la resolución de un Juzgado de Instrucción.
Por eso creo que los medios deben dar igual difusión a los archivos de causas que les dieron a las imputaciones y que los que se manifestaron rompiéndose las vestiduras deberían ahora decir algo en favor del reconocimiento de la inocencia. La Justicia no es perfecta, es lenta porque carece de medios, y probablemente el sufrir la pena de telediario sea inevitable, pero al menos, en los casos en los que se demuestra que no hay caso, entre todos, debamos restablecer el honor de estas personas. Es lo justo.
