Tras más de una semana de una huelga indefinida que prácticamente es inapreciable debido a los “impresionantes” servicios mínimos impuestos desde el Ministerio del Interior “por imperativo legal”, el malestar entre los vigilantes de la seguridad privada es más que palpable. Prueba de ello es que estos trabajadores de la provincia y en Jerez que secundan la convocatoria del Sindicato Profesional de Vigilancia Privada (SPV), unos 500 aproximadamente, ya amenazan con bloquear el servicio de transporte que realizan en los furgones a los bancos y “dejar a toda la provincia sin dinero” a final de presente mes.

Una medida de presión, tal como explica el secretario general del SPV, Antonio Montesinos, que llevarán a cabo los días 28, 29, 30 y 31 del presente mes en caso de que hasta esa fecha no se hayan retomado las negociaciones del convenio colectivo, en las que recalcan que no cuentan con el apoyo de CCOO, UGT y USO.
Según denuncia Montesinos, pese a que la presente huelga tiene unas connotaciones especiales, dado que es la primera vez en la historia que este gremio se pone en huelga, el que su trabajo esté regulado por los llamados “servicios esenciales para la comunidad” les anula en la práctica “todo el derecho de huelga”, lo que les ha llevado a pedir la dimisión del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Esta imposición se traduce en una máxima cobertura de los servicios mínimos, de ahí que en estos días los jerezanos apenas hayan notado que este gremio esté en huelga, cuya incidencia es “mínima” y apenas alcanza el 10 por ciento.

800 euros de salario
Estas circunstancias especiales no han hecho más que acrecentar la indignación de un colectivo que ya lleva seis meses sin convenio y que percibe un salario medio de 800 euros, según estima el representante del SPV, sin tener en cuenta en ningún momento los pluses de nocturnidad, días festivos, domingos y de peligrosidad por la labor que realizan.

Asimismo, en el escrito registrado a la Dirección General de Trabajo el pasado 12 de Junio, los convocantes (SPV, Alternativa Sindical, STS, SPS, SIPVS-C) justifican la huelga indefinida en una serie de conflictos que ellos mismos catalogan en los llamados “problemas crónicos” (incumplimiento sistemático de la ley por parte de las empresa y dejación de funciones por aquellos que tienen que hacerlas cumplir) y “coyunturales” (convenio colectivo, intrusismo, pérdida de poder adquisitivo, dilatación del proceso judicial de las horas extras).

De ahí que no estén dispuestos a tirar la toalla alentados además de por sus reivindicaciones, por los “abusivos” servicios mínimos que se están viendo obligados a ejercer, lo que está convirtiendo prácticamente en invisible la protesta que comenzaron el pasado 28 de junio bajo el lema “Convenio sí, miseria no”. No obstante, estiman que para finales de mes habrán cubierto casi el 85 por ciento de las exigencias mínimas a las que están obligados, por lo que, si no hay un giro en las conversaciones, auguran un “descalabro en los bancos” en caso de que decidan paralizar los furgones encargados de proveerlos de dinero.