La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado hoy que existen "discrepancias" de datos entre la Intervención General del Estado y la de la Junta de Andalucía, y que "mientras tanto" la Junta ha solicitado al Gobierno que "deje en suspenso" la elaboración del Plan Económico-Financiero.
Lo que se ha solicitado es un plan de equilibrio por la regla de gasto, una regla de gasto que no compartimosEn declaraciones a los periodistas, Montero ha indicado que se ha solicitado esta medida "hasta que se aclaren los datos con los que el Gobierno ha hecho el cálculo de la regla de gasto".
La consejera ha asegurado que "Andalucía ha cumplido con el déficit, con el objetivo de endeudamiento y con el periodo medio de pago", y que "desde hace años Andalucía es una comunidad autónoma cumplidora" con los preceptos económicos del Gobierno.
"Lo que se ha solicitado es un plan de equilibrio por la regla de gasto, una regla de gasto que no compartimos y que metodológicamente no sabemos cómo se elabora para dar o no dar cumplimiento a las comunidades autónomas", ha afirmado la consejera, que critica que el Gobierno haya "utilizado" esos datos "para quitarle a las comunidades autónomas que cumplíamos el fondo de facilidad financiera al 0 %".
Ha detallado que "a Andalucía le va a costar 131 millones que el Gobierno haya decidido seguir quitándole recursos a las comunidades autónomas".
Montero ha pedido "un modelo de financiación justo para Andalucía", incidiendo en que aún el Gobierno andaluz no tiene "noticias de sobre qué perspectivas se va a variar" el modelo y que "mientras eso ocurre Andalucía ha dejado de percibir más de 4.700 millones de euros que sí han percibido otras partes de España y que son fundamentales para el impulso al empleo".
Respecto al conflicto de la estiba, la consejera ha señalado que existe "la necesidad de que haya diálogo y un acuerdo que permita compatibilizar el cumplimiento de la directiva con la situación de los trabajadores", tras una negociación "que permita satisfacer los intereses de ambas partes", un hipotético acuerdo que Montero considera "posible".
