El viceportavoz del PSOE, Carlos García Caballero, requirió del Ayuntamiento “más claridad y un mayor control” sobre las cuestiones relativas al patrimonio municipal “ya que la ambigüedad y los errores pueden llegar a provocar choques entre intereses ciudadanos”. Esto último es lo que ha sucedido con la titularidad de un solar ubicado entre la barriada Diputación y la calle Escultor Antonio Bey, concretamente entre los bloques 2 y 10 de este último vial.

Un grupo de vecinos de la zona afirmaba que aquella parcela se estaba utilizando de forma privativa por parte de los inquilinos de los bloques anexos a la misma, quienes incluso habían procedido a su cerramiento.

Además la indefinición municipal respecto de la propiedad y las obras que el propio Ayuntamiento llevó a cabo en los terrenos objeto de discordia hacía presuponer que contaba con la consideración de 'suelo público'.

Para despejar la verdadera propiedad de esa zona, que es utilizada como un aparcamiento privado de vehículos, los socialistas realizaron una serie de preguntas a las distintas delegaciones municipales para de esta forma ayudar a dirimir el conflicto suscitado entre unos vecinos y otros.

No es municipal
Cuestionada al respecto, la Gerencia de Urbanismo respondió que la finca no estaba inscrita en el registro de bienes demaniales del municipio y que no constaba la concesión de ninguna licencia de obra para actuar sobre aquel terreno. Esa contestación está fechada el pasado 15 de junio.

Posteriormente, el 24 de ese mismo mes, Urbanismo responde nuevamente a los socialistas que no existe constancia “de la incorporación del solar al dominio municipal por medio de gestión urbanística”. No obstante sí consta una licencia de obra emitida por la Gerencia en febrero de este año autorizando a los vecinos de Escultor Antonio Bey a colocar una puerta de acceso al terreno que se utiliza como bolsa de aparcamiento.

Esta actitud municipal lleva al edil socialista a afirmar que en Urbanismo “o existe un gran descontrol, que lo único que suscita es polémica entre los propios ciudadanos, o se está informando de forma sesgada a los requerimientos de la oposición”.

García Caballero concluye que “ha quedado demostrado documentalmente que ese suelo es de titularidad privada una cuestión que el Ayuntamiento debiera saber y confirmar ante cualquier requerimiento para evitar pugnas ciudadanas innecesarias”.