Las preguntas del Ministerio Fiscal al exconsejero de Empleo y exviceconsejero del ramo Antonio Fernández en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían
las ayudas sociolaborales y a empresas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

La declaración de Fernández, para quien la Fiscalía solicita ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por prevaricación y malversación, comenzó el Lunes Santo con las preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga y, según han previsto los representantes del
Ministerio Público, continuará hasta este martes, 3 de abril.

El pasado Martes Santo, tras el receso de las 12,00 horas,*el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle, preguntó a la Fiscalía y a los abogados de los investigados que restan por declarar, los expresidente José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y el exsecretario general técnico de la Consejería de Empleo, de Innovación y exdirector de Finanzas de IFA/IDEA Juan Francisco Sánchez García, el tiempo que
estimaban para los interrogatorios con el fin de citar nuevamente a los primeros testigos, cuatro agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que inicialmente fueron llamados para el 9 de abril.

El Ministerio Fiscal indicó, entonces, que el interrogatorio a Fernández duraría previsiblemente dos sesiones más, necesitando una también su defensa, que ejercer el abogado Alfonso Martínez del Hoyo. Además, los fiscales han trasladado al magistrado presidente que para los otros tres investigados necesitarán entre dos y tres días.

Mientras el abogado defensor de Griñán, José María Mohedano -- ausente en la sesión del martes y al que consultó vía telefónica el propio expresidente-- , interrogará a su cliente durante una sesión aproximadamente. Griñán, por tanto, comenzar a declarar en la sesión
de tarde de este miércoles. Por su parte, las defensas de Chaves y Sánchez informaron que su interrogatorio a sus clientes sobrepasarían una hora.

Por todo ello, el magistrado indicó que los primeros testigos serían citados desde el día 16 de abril. Tras los agentes, declarará como testigo, entre otros, el expresidente de IFA Salvador Durban.

La declaración de Fernández se fue posponiendo por un problema de salud en la voz y cuyo estado aún marca el desarrollo de las sesiones, pues en diferentes ocasiones interrumpe sus respuestas para beber agua, así como ha solicitado al presidente del tribunal descansar.

LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS ERA DE GUERRERO

El fiscal durante el interrogatorio preguntó a éste si se planteó que el uso de las transferencias de financiación, usadas para allegar fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo, beneficiaba evitar el control previo o fiscalización de las ayudas. "Ningún gobernante hace un trabajo para evitar algo", afirmó el exconsejero.

De otro lado, señaló que, aunque la Dirección General de Trabajo se planteara entre los años 2003 y 2004 una orden más específica para regular las ayudas, "no era necesaria ni imprescindible", pues ya existía un reglamento general de subvenciones y de ayudas públicas -- decreto 254/2001 de 20 de noviembre, elaborado a iniciativa de las consejerías de Hacienda y Justicia-- , publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 24 de noviembre de 2001.

Este reglamento, según explicó Fernández, regula las ayudas públicas excepcionales, como también prevé la normativa estatal, sin que sea obligatoria la concurrencia y publicidad. Sobre la normativa estatal, en concreto la Orden Ministerial de 1994 que regula las ayudas previas a la jubilación y la Orden de 1995 sobre las ayudas extraordinarias, afirmó que "han servido de modelo e inspiración" al concepto de ayudas que con fondos de la comunidad autónoma se gestionaron en Andalucía.

El que también fuera presidente del IFA entre los años 2001 y 2003 insistió durante el interrogatorio que el Instituto ha tenido siempre una función "pagadora" en ayudas concedidas por la Consejería de Trabajo y de Empleo después y en su relación con otras consejerías.

Fernández aseguró que "todo" lo que pasaba por el Consejo Rector del IFA "tenía un procedimiento que gozaba de presunción de legalidad, pues no iba nada que no fuera avalado por la asesoría jurídica y la dirección financiera del ente".

El exconsejero, además, señaló en sus respuestas al fiscal que el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero tenía "la suficiente libertad, responsabilidad y autonomía" para saber cómo hacer su trabajo en relación a la gestión de las ayudas sociolaborales y a empresas investigadas, asegurando que las cuantías de las mismas
"las decidía Guerrero sobre la marcha".

Guerrero "trabajaba con absoluta libertad, responsabilidad y discrecionalidad" en la gestión de las ayudas sociolaborales y a empresas dadas en virtud del convenio marco de julio de 2001 entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). En este sentido,
aseguró que "nunca" ha dado una orden a Guerrero para conceder una ayuda o subvención.

Sobre la intervención de las compañías aseguradoras en la gestión de las ayudas, Fernández explicó que el beneficiario tenía que firmar su póliza con los otros trabajadores de la misma empresa afectados por el proceso de reconversión, "colectivizando el fondo".

"La elección de la compañía era ajena a Empleo", matizó, añadiendo que la Junta pagaba la ayuda al trabajador, quien cedía el derecho del cobro de la misma a la entidad aseguradora, que garantizaba el pago hasta la edad de la jubilación ordinaria, cuando ya cobrarían la prestación de la Seguridad Social.

La ayuda al trabajador, según Fernández, recogía el dinero a percibir (entre 1.100 y 1.300 euros) y el coste de la cuota a la Seguridad Social, un 20 por ciento, lo que ha supuesto "unos 200 millones a la Seguridad Social en concepto de cuota por convenio especial".

Durante su declaración Fernández insistió en que "no ojeaba los convenios particulares de ayudas, no lo estudiaba con intensidad, pues en 2001 mi actividad no era atender este programa -- 31L-- , que no era el más importante". Precisamente llegó a afirmar que "no ordenó ni consintió" pagos para campañas de publicidad, al Servicio de Emergencias 112 o a despachos de abogados con cargo al 31L.

REUNIONES CON CHAVES

Tras el visionado de varios documentos entre los que se reflejaba una reunión en mayo de 2004 por la situación de A Novo Comlink con la presencia del expresidente Manuel Chaves, Fernández, los ex líderes sindicales Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, el exconsejero explicó que con Chaves "se abordaba" la problemática pero "normalmente no
se cierra con el presidente los compromisos de ayuda". También pudo existir "posibles" reuniones con Chaves por Delphi.

"No he recibido en mis manos peticiones de empresarios por compromisos de la Dirección General de Trabajo, si se ha recibido ha sido en mi gabinete", comentó Fernández, quien señaló que su jefe de Gabinete, persona de máxima confianza, "muy posiblemente decidía" qué tenía que despachar el consejero y discernía qué documentos pasarle.

En este punto, el fiscal mostró una carta de Fernández al ex director general de IFA Francisco Mencía (fallecido en diciembre de 2015), en la que le informaba que Leal, representante de la Asociación de trabajadores de Faja Pirítica, había trasladado el impago de las ayudas concedidas y le remite la información a Mencía para que las pague con cargo "al programa de Javier Guerrero", el 31L.