El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado a la Fiscal General del Estado que dicte una instrucción para que los fiscales, en los procedimientos de determinación de la edad, que se inicien a extranjeros sujetos a expedientes de devolución, dicten el decreto de mayoría de edad antes de que se materialice la devolución de estas personas.
La institución formula esta recomendación tras recibir una queja por la devolución de dos presuntos menores antes de que el fiscal hubiese dictado decreto sobre su mayoría de edad, según ha informado en un comunicado, en el que señala que la propia Fiscalía reconoció que se acordó la devolución "sin que en comunicación verbal o de otros tipos, el Fiscal adelantara con fundamento en las pruebas médicas, su decisión sobre la expulsión".
Ambos fueron considerados adultos tras ser sometidos a una prueba radiológica que fijó una edad ósea de 19 años. Los informes que la Fiscalía consideró suficientes no reflejaban desviación estándar, horquilla de edad, etc y tampoco consta que se realizaran otras pruebas médicas complementarias, según el Defensor.
Este organismo subraya que un informe radiológico no puede servir para realizar una fijación científica de la edad, tal y como indicó en un informe sobre este asunto de 2011, en el que abogaba por establecer unos procedimientos de determinación de la edad "rigurosos" que no den lugar a fallos que puedan cambiar "injustamente" el destino de las personas.
También censura la "flexibilidad formal" en la que se escuda la Fiscalía a la hora de comunicar las resoluciones, que "impide" el acceso a los tribunales a personas que afirman ser menores de edad y que por tanto se encuentran "en situación de extrema vulnerabilidad". Por este motivo, considera que es necesario dictar una instrucción que impida que se materialice la devolución de un presunto menor sin que se haya dictado el decreto que lo considere mayor de edad.
