La administración paralela de la Junta de Andalucía la conforman un total de 73 entidades, entre agencias, consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles, además de otras cuatro que se encuentran en estos momentos en proceso de extinción.

El listado de "entidades pertenecientes al sector público andaluz" forma parte de la documentación que el Gobierno de Susana Díaz ha entregado al Ejecutivo de Juanma Moreno al hacer efectivo el traspaso de poder.

Este listado no incluye las 12 agencias administrativas que se consideran parte de la Administración General de la Junta y cuyos trabajadores son funcionarios y personal laboral de la Junta, y entre las que se encuentran, por ejemplo, el SAS o el Instituto Andaluz de la Mujer.

También se excluyen del mismo las cuatro fundaciones de reciente creación por acuerdo del Consejo de Gobierno, como son la Fundación Parque Tecnológico Ciencias de la Salud de Granada, la Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, la Fundación Rodríguez Acosta y la Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua.

Y tampoco incluye el listado que el Gobierno saliente ha entregado a los responsables de la nueva administración las entidades que se encuentran en proceso de extinción, como el consorcio Forman, las sociedades Promonevada (en liquidación) y Apartahotel Trevenque, así como la Fundación Rey Fahd Bin Abdulaziz.

La plantilla

En total son unas 27.300 personas las que trabajan en los diferentes organismos que forman parte de la conocida como administración paralela. Son entidades que pertenecen al sector público andaluz, en conformidad con la Ley 9/2007 y la propia Ley del Presupuesto de la Junta, que las financia.

Algunos de estos organismos cuentan con plantillas abultadas, como es el caso de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (4.868 trabajadores), el Servicio Andaluz de Empleo (2.020) o la empresa Veiasa (1.543). Pero otros funcionan con plantillas de una persona (Consorcio de Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada o la Fundación Andalucía Olímpica, entre otros), o ninguna, como ocurre en la empresa Innova 24H S.L., el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, o el parque Soland, en Sanlúcar la Mayor.

Algunos de estos entes sin plantilla (o con plantillas mínimas) podrían ser los primeros en desaparecer si el nuevo Gobierno lleva a la práctica su acuerdo, firmado, para reducir el tamaño de la administración paralela.



Por consejerías

Cada uno de estos entes está adscrito a una consejería determinada, según el reparto existente al cierre de 2018, bajo él último Gobierno presidido por Susana Díaz, que con la llegada al poder de Cs y el PP sufrirá modificaciones, con independencia de que los socios del nuevo Gobierno se han comprometido a suprimir la mayor parte de estos organismos.

De la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio dependían buena parte de las entidades, especialmente las sociedades mercantiles (también alguna agencia pública, como IDEA), si bien los consorcios, en su mayor parte referidos a temas de transporte, pertenecen mayoritariamente a la Consejería de Fomento y Vivienda.

La Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática no tiene demasiadas de estas entidades bajo su paraguas, pero las que tiene son de gran importancia. Es el caso, por ejemplo, de la RTVA, una empresa pública con casi 1.200 empleados. También dependen de Presidencia entes más modestos, como el Centro de Estudios Andaluces (34 personas trabajan en él) o la Fundación Andaluza Barenboim-Said (13 empleados).

De Salud dependen varias agencias sanitarias y un consorcio, el del Aljarafe, que carece de plantilla. Las Fundaciones están más repartidas entre las consejerías, existiendo fundaciones que dependen de Turismo y Deporte, de Cultura, de Salud, de Justicia e Interior, de Presidencia, de Igualdad y Políticas Sociales...