La Justicia argentina intervino ayer Aerolíneas Argentinas, controlada por el grupo español Marsans, a solicitud del gobierno de Cristina Fernández para “garantizar el normal funcionamiento” de la compañía, según el secretario argentino de Transportes, Ricardo Jaime.
Jaime se presentó ayer en la sede corporativa de la línea aérea, en Buenos Aires, para notificar de la medida judicial a la empresa y explicó que la intervención judicial fue adoptada a pedido de la Secretaría de Transportes.
Según el ministro argentino, la medida se adoptó para garantizar “el normal funcionamiento” y la capitalización de la aerolínea y después de la reunión del directorio de Marsans celebrada el pasado martes en la que el grupo español quiso nombrar gerente adjunto a uno de sus directivos, Jorge Molina, con las mismas capacidades que el gerente general, Julio Alak.
Jaime señaló que, tras la intervención, Alak se mantiene como gerente general y se ha designado al funcionario de la Secretaría de Transportes José Luis Perrone como veedor para observar por el correcto funcionamiento de la empresa.
Fuentes de la Secretaría de Transportes apuntaron que en los próximos días, el Gobierno dará pasos para impulsar la capitalización de la compañía por considerar que con las cantidades aportadas hasta ahora –unos 222 millones de dólares– puede distribuir las acciones y hacerse con el control de la aerolínea sin llegar a una expropiación.
La decisión judicial se conoce horas después de que el grupo español enviara una carta a la presidenta argentina, Cristina Fernández, en la que advertía de que si no se llegaba a un acuerdo “amistoso” en el plazo de una semana, demandaría al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (Ciadi), tribunal dependiente del Banco Mundial.
El grupo español resolvió acudir al Ciadi después de que una comisión parlamentaria recomendara el pasado martes al Legislativo debatir una ley para expropiar Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria para vuelos domésticos, Austral.
El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.
A juicio del Estado, la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que para Marsans vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó Credit Suisse.
Marsans reclamaba la opinión de un tercer tasador independiente, cuya valuación sería inapelable, tal como lo estableció el acta firmada con el Gobierno en julio, cuando se inició la negociación, pero Buenos Aires se ha negado a activar esa instancia.
Jorge Molina, uno de los representantes de Marsans, dijo ayer a Efe que el grupo acudirá al Ciadi invocando el tratado de protección de las inversiones españolas en Argentina.
Molina indicó que Marsans resolvió recurrir a esta instancia “luego de varios meses de infructuosas tratativas para solucionar esta controversia y la situación creada por las altas instituciones de la República Argentina”.
