La plataforma de Abengoashares, que agrupa a gran parte de los accionistas minoritarios, reclamaron ayer al Gobierno central que opte por tomar el contral de la compañía andaluza si finalmente respalda su reestructuración financiera con casi 250 millones de euros, como se le está reclamando.
"Creemos que para tutelar el buen uso y fin del dinero público que se invierta (nuevo y pasado, recordamos que actualmente el Estado tienen una
participación del 3% en Abengoa y ha puesto cientos de millones de euros en avales durante las reestructuraciones pasadas), el Gobierno debería formar parte del Consejo de administración de la empresa, y estar presente a lo largo de todo el proceso de refinanciación, dado que durante los últimos meses, este ha bordeado la legalidad en varias ocasiones (Abengoa lleva sin presentar cuentas auditadas desde 2018 y ha utilizado toda clase de subterfugios para tratar de desvincular sus filiales de la matriz sin tener que aprobar tal decisión en junta de accionistas)", explican desde la plataforma de accionistas afectados.
Los accionistas minoritarias afirman que el dinero público no puede ponerse a disposición de un "fondo buitre" como es Terramar, que ha realizado la única oferta para
quedarse con la mayor parte de la compañía a cambio de meter liquidez, pero con la condición de que el Estado, a través de la SEPI, aporte 249 millones de euros y los acreedores también aporten ciertas facilidades financieras.
"La SEPI no puede dar 249 millones de euros a un fondo buitre americano, para que al día siguiente de hacer la operación, se embolse el dinero que adelantó, y a continuación despiece la empresa vendiéndola a terceros. Sería un escándalo superior al de Plus Ultra, con más de 14.000 puestos de trabajo en riesgo de desaparecer", afirman desde Abengoashares.
Unión en la sindicatura
Por otra parte, Abengoashares indicó que "los accionistas de Abengoa seguimos totalmente cohesionados como sindicatura, y trabajando. No existen disputas accionariales".
Por último, la sindicatura insiste en que ha solicitado la convocatoria de una
Junta General Extraordinaria, "cuyo plazo legal para convocarse ya ha pasado, por lo que se está vulnerando la Ley de Sociedades".
Así, Abengoashares exige al representante del administrador concursal EY Abogados, Guillermo Ramos, "que convoque tanto esta junta, como la junta ordinaria que debió celebrarse obligatoriamente hace más de un año, que exija a Terramar que presente su oferta de manera vinculante a través de la CNMV y que se avenga a negociar de una vez con los accionistas, pues somos parte de la solución y no del problema".
