La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Málaga a 178 personas por su presunta participación en una organización criminal que habría defraudado más de un millón de euros a la Seguridad Social, en una macro operación policial efectuada con la colaboración de la Subdelegación del Gobierno, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo.

Las empresas creadas sirvieron de pantalla para la tramitación irregular de hasta 80 prestaciones por desempleo por un valor total de 413.792 euros y la inscripción fraudulenta de 178 altas en la Seguridad Social, lo que ha ocasionado un perjuicio económico al erario público de más de 700.000 euros

A todos investigados se les imputa delitos de fraude a la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La operación 'Denerys', liderada por investigadores de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, concretamente de la UCRIF, ha permitido desmantelar un entramado societario formado por media docena de compañías ficticias, que simulaban contratos de trabajo de los que se valían los "empleados" para tener acceso a prestaciones y subsidios de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo, préstamos bancarios, regularizaciones de situación administrativa en España por parte de extranjeros y, en algún caso, como vía para alcanzar el tercer grado penitenciario.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga, se inició a finales del año 2019, después de detectarse un contrato de trabajo falso durante la tramitación de un permiso de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena a una ciudadana de nacionalidad rusa.

En esta fase inicial de la operación se llevó a cabo el registro de un domicilio en Málaga, interviniéndose numerosa documentación y soporte informático que permitirían ir desgranando todo un entramado societario dedicado a defraudar a la Seguridad Social.

EMPRESAS FICTICIAS

Así, los investigadores averiguaron que la organización criminal habría creado una red de empresas ficticias, utilizadas para simular contratos de trabajo con los que poder acceder a prestaciones y subsidios.

Tales contratos fraudulentos eran ofrecidos directamente por los responsables de la trama, dos hombres de nacionalidad española con vínculos familiares, en distintos barrios de Málaga, a cambio de una cantidad de dinero en efectivo que oscilaba entre los 400 y los 3.000 euros. En los citados contratos laborales se hacía constar una cláusula donde se especificaba que el trabajo se realizaría para grandes cadenas comerciales, un aspecto igualmente falso.

Para no levantar sospechas, los responsables de la trama se habrían valido de distintos testaferros y, además, habrían utilizado instrumentos legales --distintas gestorías-- para constituir sociedades mercantiles.

Una vez dados de alta en régimen de autónomos y simulando, además, una actividad comercial que no existía, inscribían en la Seguridad Social a todas aquellas personas que, previo pago, estarían interesadas en ser dadas de alta al objeto de poder acceder a un posterior cobro de prestaciones por desempleo o subsidio o cualquier otra ayuda social, obtener beneficios penitenciarios, regularizar su situación administrativa en caso de extranjeros, o utilizar el contrato para obtener préstamos personales o adquirir productos mediante financiación o pago a plazos.