“Gestión es hacer las cosas bien, liderazgo es hacer lo correcto”. Peter Drucker.

Cuando se produce un cambio de gobierno uno de los objetivos principales del entrante es, debería ser al menos, la aprobación y puesta en marcha de unos nuevos presupuestos que sean el espejo de su modo de hacer las cosas. Son, por tanto, importantes porque el presupuesto refleja el carácter de un gobierno, su prioridad política, su capacidad organizativa para lograr en un periodo de tiempo objetivos propuestos, su intención y capacidad gestora, financiera, su alma. Prorrogar unos presupuestos de un gobierno anterior de otro color político es excusable solo cuando no se tiene mayoría plenaria para aprobar unos propios, de lo contrario, si se cuenta con esa mayoría y no se elaboran, no hace sino mostrar una inquietante incapacidad gestora o, lo que es aún peor, un modo intencionado de ocultar determinados desfases presupuestarios.

Los asuntos de economía que rodean a la administración pública son de difícil consumo, a la ciudadanía les aburre porque son complejos e, interesadamente, mal explicados, máxime cuando el ciudadano lo que persigue y entiende es que los servicios esenciales les sean suministrados de manera correcta y mientras la deuda no le afecte, poco más les importa. Pero la deuda o la mala gestión de una administración se deja notar en la ciudad, es fácil diferenciar la brillantez y puesta en funcionamiento de un municipio bien gestionado con otro que no lo esté, donde ni los pasos cebra se distinguen por falta de pintura y el aspecto general es como si el ejército de Putin hubiese atravesado el lugar el día antes.

El presupuesto de las administraciones públicas es un documento esencial porque sólo pueden gastar lo que está presupuestado, aunque haya más dinero en caja. Esto es lo primero que hay que entender, que una cosa es el presupuesto y otra distinta el cash que tenga. Los particulares y las empresas privadas gastan según la liquidez que tienen, pero las administraciones han de sujetarse a las partidas presupuestadas para cada gasto que se tenga que asumir o que se pretenda hacer y estos gastos han de cuadrar con el presupuesto de los ingresos reales que se sabe se van a obtener. A mayores ingresos se puede presupuestar mayores gastos y, así, viceversa. 

Hace años no había las normas presupuestarias de ahora, ni el férreo control del Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos que se metieron en atolladeros económicos fue, precisamente, por hacer presupuestos en los que se inflaban los ingresos sabiendo que no se iban a obtener y esto les permitía hacer un presupuesto de gastos de mayor importe al que los ingresos reales les permitía asumir. Al finalizar el año, los gastos se habían ejecutado y los ingresos reales eran muy inferiores, resultando un déficit presupuestario que año a año iba sumando y, lo que es peor, tenían que acudir a endeudamiento para financiar los gastos que no se podían financiar con los ingresos reales. De aquellos barros, estos lodos.  

El estado español, teniendo que cumplir con los objetivos de estabilidad y sostenibilidad financiera marcados por Europa, se vio obligado a aprobar las normas de estabilidad presupuestaria, límite del gasto público y de deuda financiera que imposibilitó las malas praxis presupuestarias y además todos los ayuntamientos sujetos a Plan de Ajuste vieron limitados sus gastos y, teóricamente, obligados a subir impuestos y tasas con el fin de contar con superávit anual que fuese absorbiendo la deuda financiera. 

Todo esto supone que actualmente a la hora de hacer los presupuestos anuales no les cuadre a aquellos ayuntamientos que aumentan los gastos por encima de lo que puede ser financiado con los ingresos reales presupuestados. Es la política cortoplacista cuyo objetivo principal es la de contentar a quienes pueden complicarle la tranquilidad del gobierno, o asegurar futuros votos de colectivos, a base de asumir gastos no obligatorios que no se pueden financiar con el presupuesto de ingresos. Aunque a corto plazo haya dinero en caja para asumirlo, el presupuesto no lo permite, entrando en un camino de prorrogar presupuestos y de arrojar déficits sin solución de continuidad, pareciendo que lo único prioritario es contentar a quienes piden. 

Es el uso político de la economía pública, en la que está en contra cualquier economista, sea cual sea la teoría económica que defienda. Es la política en la que el equilibrio y el saneamiento de las cuentas no es objetivo, lo prioritario es gastar sin límite que contenga el déficit. 

Por su parte, la oposición, sea del partido que sea y salvo excepciones de políticos responsables, también hace política con la economía, normalmente azuza al gobierno pidiendo nuevos servicios o mejoras de los que hay, inversiones y bajadas de impuestos, aunque sepa que la administración no puede asumirlo, a la vez que critica la situación económica y la deuda que haya. Tampoco le importa el saneamiento económico, sino desgastar al gobierno de turno. Es la política de cuanto peor, mejor. 

Uso de la política ha sido el voto en contra del Partido Popular a la senda de estabilidad planteada por el gobierno de la nación, en la que a las comunidades autónomas se le permitía en 2024 tener un déficit del 0,1 por ciento; es decir, poder gastar un 0,1 más que los ingresos presupuestados en lugar de la obligación de equilibrio presupuestario -gastos iguales a los ingresos- y a los ayuntamientos se les permitía el equilibrio presupuestario en lugar de un superávit del 0,2 por ciento, cuando este superávit lo que supone es que el presupuesto de ingresos tiene que superar al de gastos en un 0,2. Es decir, unas medidas que permitía a comunidades autónomas y ayuntamientos poder aumentar gastos en servicios e inversiones, según datos del Ministerio de Hacienda, las autonomías podían haber tenido 1.456 millones de euros más de margen fiscal para destinar a servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia y los ayuntamientos 2.924 millones de euros más. Curioso y sorprendente resulta que el PP en el Senado haya votado en contra impidiendo la aplicación de estas medidas cuando la Junta de Andalucía ya contaba con ella en su presupuesto. Como curioso que la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, como senadora votase en contra de estas medidas que implicaban que su ayuntamiento hubiese contado con unos trece millones más, facilitando poder elaborar el presupuesto de 2024 que, según parece, no tiene manera de cuadrar y está empantanado con una prórroga presupuestaria del presupuesto del PSOE de 2022.  

Como única explicación ha dicho que “votó en conciencia” olvidando que es alcaldesa de Jerez y los intereses de la ciudad deberían estar por encima de todos los demás. Por su parte, “No es no” es la frase repetida por la senadora del PP que intervino en el senado sin ser capaz de explicar por qué la negativa, hablando de la amnistía, caso Koldo, Begoña Rodríguez y similares asuntos, pero sin justificar lo más mínimo el voto en contra a unas medidas favorables a todas las administraciones territoriales, incluidas a las gobernadas por el propio PP y, por ende, a una ciudadanía que podría recibir más servicios públicos. Esto no tiene otra explicación que la prioridad de los intereses políticos sobre los económicos y sobre los de la ciudadanía. “No es no” está muy bien para el ámbito de la violencia de género, en la que no cabe explicaciones, el no basta. Pero nunca es admisible para ser la única respuesta ante el rechazo de propuestas políticas objetivamente buenas, aquí sí se requieren explicaciones, los ciudadanos deben conocerlas, el problema es que no existan ni para un buen redactor de discursos demagogos y vacíos de contenido. 

Sea como fuese, los políticos parecen que actúan bajo la premisa de que los asuntos económicos no importan mucho, si hay más deuda o menos es problema de los gobernantes y para los ciudadanos lo importante es recibir los servicios públicos, no pagar demasiados impuestos y, mientras, son entretenidos con historias suculentas de corrupciones variadas, meretrices, droga a granel, periodistas encapuchados o la desaparecida Kate Middleton y sus operaciones cuando lo realmente importante, lo que de verdad afecta al sufrido elector, sucede bajo una penumbra intencionada. Por mucho que se obvie, todo tiene un precio y, al final, las deudas hay que pagarlas.

Bomarzo