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Viernes 11/10/2024
 

Barbate

Los armadores piden al Gobierno ayudas alternativas ante el fin del acuerdo con Marruecos

Garat ha reconocido "la buena voluntad" del Ejecutivo pero ha subrayado que las ayudas son insuficientes

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  • Javier Garat. -

El secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat, ha pedido este lunes al Gobierno "que busque otras alternativas" para ayudar y compensar a los pescadores por la "importante" pérdida del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Marruecos.

Garat ha reaccionado así, en declaraciones a Efeagro, a la convocatoria de ayudas a los armadores y a los tripulantes por la paralización de la flota como consecuencia del fin del protocolo pesquero, que ha expirado este lunes.

Los apoyos, por un montante de 302.000 euros, beneficiarán a 11 barcos de los 21 que en la práctica han aprovechado significativamente el acuerdo, que ofreció 92 licencias para la flota española.

Garat ha reconocido "la buena voluntad" del Ejecutivo pero ha subrayado que las ayudas son insuficientes y ha mostrado también comprensión con el descontento de la flota andaluza, ya que hay barcos perjudicados que quedarán fuera por haber agotado los meses de parada temporal financiados por la Unión Europea.

Por ello, ha pedido alternativas, como ayudas de Estado o los apoyos "de minimis" (exentos de notificación a Bruselas).

Ha admitido que durante los cuatro años de duración del acuerdo el uso de licencias ha sido escaso por razones "muy claras": la pandemia y, posteriormente, el incremento de costes de explotación de los barcos y del gasóleo como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

Por tanto, ha recordado, los buques andaluces, por ejemplo, decidieron quedarse en el Golfo de Cádiz, para ahorrar combustible, y, por otra parte, las poblaciones de peces del caladero marroquí (sardinas o besugo) tampoco estaban "en la mejor situación" biológica, así que no les salía rentable.

En cuanto a la renovación, ha señalado que está pendiente de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE respecto al recurso contra otro dictamen judicial de 2021, en el que el Tribunal General comunitario anuló el protocolo, por considerar que no tenía en cuenta los intereses de la población del Sáhara Occidental. 

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