Tanto Antonio de María, presidente de la patronal hostelera Horeca, como Luis López,  delegado en Cádiz de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA), se han mostrado sorprendidos por la decisión del PSOE, refrendada anoche por su Ejecutiva, de aprobar la moratoria para poner freno a hoteles y pisos turísticos en la ciudad.

De María lamenta que la portavoz del grupo municipal socialista, Mara Rodríguez, no se haya puesto en contacto para comunicar el cambio de decisión, dado que hasta ahora y durante un año y cuatro meses ha bloqueado la propuesta del equipo de Gobierno. “Corta el desarrollo económico de la ciudad”, sostiene, porque “frena el crecimiento de empresas vinculadas directamente e indirectamente al turismo, sin ofrecer contrapartida alguna”, y se pregunta “¿de qué quieren que vivamos en Cádiz”.

La portavoz socialista tampoco había llamado a López al menos antes de que trascendiera el sí al alcalde, José María González, Kichi, ni durante el día de ayer. “Siempre había planteado que la postura se adoptaría por consenso pero no hemos acordado nada con el PSOE”, remarcó.

Si lo hubiera hecho, le habría advertido de que el equipo de Gobierno maneja datos “erróneos” para justificar la moratoria.

De acuerdo a un estudio elaborado el pasado mes de septiembre con el número de anuncios de viviendas turísticas activos hasta esa fecha en el portalde reservas Airbnb, se determinó que existe una diferencia con respecto al registro de turismo de un 33%, que en términos absolutos supone 1.235 frente a las 1.863 registradas oficialmente.

La investigación analiza igualmente una muestra representativa del total de las viviendas inscritas actualmente en el registro de la Junta de Andalucía y se estudió su uso actual, determinándose que al menos un 30% de las viviendas analizadas no se alquilan de forma turística.

López concluye que “el Registro de Turismo es un índice que en el momento de realizar el estudio actúa de manera agregativa, que va creciendfo a medida que se realizan nuevas altas, al que normalmente los explotadores no suelen comunicar su baja o cambio de uso”.

En todo caso, agrega, “no es un indicado válido y fiable para medir el impacto de la vivienda turística en una región si no va acompañado de otros índices que nos ayuden a tener una visión más ajustada de la realidad”.

Por otro lado, denuncia que el Ayuntamiento de Cádiz, en su consulta pública para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) expone que el rápido crecimiento de las viviendas turísticas en la ciudad hace necesario tomar medidas regulatorias, pero “nunca ha publicado estudios actualizados y datos concreto que muestren la situación real de estos tipos de inmuebles en el término municipal”.