Lucía Alcántara, maestra de Educación Infantil, con Máster en Investigación Educativa, y fundadora y presidenta de la Asociación Dislexia Cádiz, y  Mayka García, profesora titular del Departamento de Didáctica de la Universidad de Cádiz (UCA) y directora del Grupo de Investigación Educativa Eduardo Benot, llevan tres años trabajando codo con codo para erradicar prejuicios con las personas que padecen este trastorno y apostar por un nuevo modelo educativo que ahorre a edades tempranas. Fruto de esta colaboración, el próximo 8 de octubre, Día Internacional de la Dislexia, Alcántara y García presentarán el Congreso Internacional en Cádiz Accesibilidad, apoyos y estrategias desde una mirada inclusiva hacia las personas con dislexia, que se celebrará en la capital gaditana los días 17 y 18 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras con el apoyo de la Diputación y que, entre otros contenidos, incluirá comunicaciones científicas y testimonios de afectados.

“Es un trastorno del neurodesarrollo invisible”, apunta la presidenta de la asociación. “Realmente, lo que hay que hacer es poner es ponerse las gafas de la inclusión para detectarlo”, matiza la profesora de la UCA. Lo cierto, coinciden ambas, es que el sistema educativo falla, en primer lugar, en el diagnóstico precoz. “Los alumnos con dislexia son tachados de vagos, inmaduros e infantiles, pero realmente son trabajadores, resilientes, empáticos, luchadores, como cuaquiera de sus compañeros, que se encuentran con barreras” para aprender. “El trastorno no es limitante, lo que limita es la enseñanza”, remacha.

Mayka García abunda en ello al señalar que, “cuando un niño tiene problemas ortográficos por dislexia, se trata de solucionar con más clases de ortografía porque el centro no detecta por lo general la existencia de este problema”. La formación de los docentes en este sentido es, igualmente, fundamental. Al igual que la reducción de la ratio, “aprovechando la bajada de la natalidad”, porque permitiría una atención personalizada a los estudiantes con necesidades específicas, o la introducción de las parejas pedagógicas, con dos docentes en el aula.

En cualquier caso, “hay que cambiar el chip de una vez, y pasar de una escuela integradora que obliga a los niños y las niñas y  sus familias a adaptarse a un modelo establecido al margen de sus capacidades, a un modelo inclusivo, en el que partimos de que el problema no lo tienen los niños y las niñas y sus familias, sino que enseñamos desde la diversidad, conociendo las barreras que tienen y ayudándoles”.

En este sentido, lamentan el esfuerzo que se ha tenido que llevar a cabo para lograr, por ejemplo, que el alumnado con dislexia disponga de más tiempo para hacer un examen. Y advierten de que no se cumple en todos los centros. Al igual que establecer como norma que las faltas de ortografía no resten puntos para los afectados o dispongan de interlineados amplios. Aparte de que se asuma que es precisa esta discriminación positiva, tanto Alcántara como García piden nuevos pasos como avanzar en la accesibilidad, con textos de lectura fácil y otras iniciativas encaminadas a la accesibilidad universal que, remarcan, beneficiaría al conjunto de la comunidad educativa, e incluirlos entre los beneficiarios de becas, dado que la mayoría necesita refuerzo.

Fuera de los centros escolares de Primaria y Secundaria, agregan, hay que poner el foco en los centros de FP, la propia Universidad (aunque la UCA es pionera en adaptaciones para personas con dislexia) y también en los procesos de oposición. “Las personas con dislexia no tienen derecho a ajustes en las oposiciones por no tener discapacidad del 33%”, explican al respecto.

El trastorno, concluyen, afecta al 10% de la población, según las estimaciones científicas. Solo una enseñanza inclusiva, agregan, impediría la pérdida de talento y ahorraría mucho sufrimiento a miles de niños y niñas y sus familias.