En el informe sobre la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo de Regulación de la Eutanasia, en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022, la Administración autonómico admite en el preámbulo que la normativa “ha supuesto un auténtico reto en su puesta en funcionamiento” y considera que “tiene aspectos que serían susceptibles de mejorar para lograr en su aplicación práctica, y más en un tema que supone una decisión tan importante, evitar la controversia de su interpretación”.

Para José Sáez, portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente, el problema estriba, en realidad, “en que no hay interés por parte del Gobierno” de Juanma Moreno. “Su partido -remarca- está en contra”. Y, por lo tanto, “el incumplimiento de la ley es sistemático y flagrante en nuestra” región, sentencia en conversación telefónica con INFORMACIÓN.

El propio informe oficial reconoce que, de los 81 usuarios que solicitaron la eutanasia en Servicio Andaluz de Salud (SAS), 17 fallecieron antes de que dieran inicios los trámites y otros cinco durante los mismos. Y la duración del proceso de las peticiones gestionadas de forma efectiva duplica el plazo máximo legal previsto de 45 días, alcanzando la media de 82. Sáez cuestiona este número porque, asegura, “la asociación conoce el caso de un hombre de Sanlúcar que ha esperado 150 días para la apertura del expediente”, y ha habido casos que han acumulado hasta ocho meses antes de que se comenzaran a mover los papeles” y evitar sufrimiento.

Gabriel Sánchez, presidente de Derecho a Morir Dignamente, considera que el principal escollo se produce en los centros de salud, donde se da el contacto más cercano y continuado con los ciudadanos y sus familias. No en vano, en 48 de las 52 peticiones, el médico responsable ha sido de medicina de familia. “Muchos ignoran que la eutanasia está en la cartera de servicios”, denuncia Sáez, “y falta formación”, agrega Sánchez. “Es cierto -reconoce-, que se han llevado a cabo algunos cursos online en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)”, pero no es suficiente. Y pone de ejemplo Navarra, Cataluña o Islas Canarias, donde se han creado “equipos referentes” que facilitan el procedimiento.

La complejidad del mismo suma a los más de 800 profesionales sanitarios objetores de conciencia lo que el máximo representante de la asociación llama “objeción sobrevenida”, producida al margen de la ideología, por cuestiones meramente burocráticas.

“Los solicitantes de eutanasia son pocos y siempre van a ser pocos”, añade el portavoz de la organización en la provincia de Cádiz. “Los que lo hacen suelen contactar con nosotros ante la falta de información o las barreras que encuentran para llevar a cabo su voluntad, conforme a la ley”, asegura.

Y explica que, justo en la celebración del Día Internacional de la Muerte Digna este 2 de noviembre, es preciso aclarar “que no queremos que los expedientes abiertos se resuelvan de forma positiva o negativa, sino que se resuelvan en un sentido u otro de manera ágil”.

Para hacer justicia, concluye, una vez salvado el primer trámite, que precisa del informe del médico responsable y del informe del médico consultor, la Comisión de Garantía y Evaluación de Andalucía, que tiene la última palabra, “está funcionando correctamente, ofreciendo a los demandantes el trato humano que merecen”.