El Gobierno ha garantizado este lunes el "derecho" de los usuarios de la sanidad pública en todas las comunidades autónomas a no esperar más de seis meses (180 días naturales) en las intervenciones de cirugía cardíaca valvular y coronaria, cataratas y prótesis de cadera y de rodilla.

La ministra de Salud y Política Social, Trinidad Jiménez, ha presidido en Palma la reunión del Consejo Interritorial de sanidad y ha expresado su satisfacción porque se trata de un nuevo "derecho" de los ciudadanos y porque los tiempos máximos de espera serán los mismos en todo el Estado.

El tiempo de espera del paciente comenzará a contar a partir de la entrada del paciente en el registro de listas de espera.

Esta mejora sanitaria es un "primer paso" pues la intención del Gobierno es recortar aún más estos plazos, así como la visita a consultas externas (la primera consulta de atención especializada) y las referidas a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, pero siempre con el consenso de las comunidades autónomas, ha manifestado la ministra.

El ministerio ha presentado este proyecto de real decreto a los consejeros de las comunidades, que deberán establecer las medidas pertinentes para cumplir con estos plazos máximos, como la derivación de pacientes a hospitales privados, una medida que ya se aplica en algunos territorios.

La ministra ha precisado que las intervenciones de carácter urgente se llevarán a cabo sin dilación alguna.

En su reunión de este lunes, el Consejo Interterritorial ha aprobado la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva con el fin de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los ciudadanos reconocidos por organismos internacionales como Naciones Unidas.

Se trata de abordar su desarrollo, ha comentado la ministra, no solo desde la ausencia de la enfermedad, sino también para vivir una sexualidad plena y satisfactoria.

El documento recomienda mejorar la información en salud sexual y fijar herramientas que permitan conocer las necesidades de la población.

Por lo que respecta a la atención sanitaria, la Estrategia recomienda no sólo centrarse en los aspectos biológicos, sino también psicológicos y sociales. Entre sus fines también se incluye mejorar el acceso a métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual y consensuar una cartera de servicios comunes para la atención sexual.

Por otra parte, el Ministerio ha presentado también al Consejo Interterritorial una orden que introduce novedades en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, en concreto en la financiación de los trasplantes cuando se hacen con donantes vivos y con la introducción de una nueva prestación con productos dietéticos.

La orden establece que en el caso concreto del trasplante de vivo, tanto si es de órganos sólidos como alotrasplante de progenitores hematopoyéticos (emparentado y no emparentado), se incluirá la atención relacionada con el proceso de la donación, así como sus posibles complicaciones.

Sobre la advertencia de algunas comunidades autónomas acerca de la actual viabilidad del sistema sanitario por su elevado coste y la caída de ingresos de las comunidades, la ministra ha subrayado que ningún consejero ha planteado ninguna medida para que fuera debatida.

En este sentido, ha reiterado por "enésima vez" que no es partidaria del "copago" porque en su opinión no es la solución a este problema.

Finalmente, la titular de Sanidad y Política también ha dado a conocer el anteproyecto de Ley de Adaptación normativa a la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que recoge medidas para que las personas con discapacidad puedan tomar por sí mismas decisiones en procesos sanitarios como trasplantes o ensayos clínicos.

Además, se regula el derecho a recibir la información en formatos accesibles para las personas con discapacidad y se incluye la discapacidad como causa de no discriminación de la persona en su relación con las distintas administraciones públicas sanitarias.