El 81 por ciento de la población defiende que los inmigrantes entren en España sólo con contrato laboral y el 31 por ciento está de acuerdo o muy de acuerdo con expulsarlos si se quedan en paro durante mucho tiempo, mientras que el 65 por ciento está en contra, según una encuesta de la Fundación Bertelsmann.

Sobre los programas electorales, el 65 por ciento asegura que tiene en cuenta las políticas de los partidos en relación con los inmigrantes legales y el 58 por ciento con los ilegales.

Esta encuesta de ámbito nacional, efectuada en octubre con 800 entrevistas telefónicas a mayores de edad, apunta que el 89 por ciento está a favor de que las personas puedan vivir y trabajar en cualquier país, y el 54 por ciento piensa que la inmigración es positiva para España.

Por el contrario, el 38 por ciento la considera negativa, el 72 por ciento entiende la inmigración como asunto de preocupación y el 67 por ciento piensa que el número de extranjeros es elevado en España, de acuerdo con el estudio, presentado.

También el 72 por ciento cree que es mejor para un país que convivan personas de distintas religiones, aunque el 68 por ciento manifiesta que los inmigrantes deberían mantener sólo aquellas costumbres y aspectos culturales que no molesten a los españoles.

En esta línea, el 60 por ciento cree mejor que casi todo el mundo comparta costumbres y tradiciones.
Aunque el fenómeno migratorio merece la atención de los ciudadanos, son más los que se preocupan por el paro (99 por ciento), la situación económica (97 por ciento) y política (84 por ciento) o la inseguridad ciudadana (76 por ciento).

El 86 por ciento defiende que los inmigrantes tengan los mismos derechos que los demás.
La mayoría de los encuestados (95 por ciento de ellos españoles de origen) están a favor de la convivencia e integración, pues el 83 por ciento, por ejemplo, no ve impedimento en que un hijo se case con una persona inmigrante; el 88 por ciento acepta que su jefe sea extranjero; y el 72 por ciento viviría en un barrio con muchos de
ellos, pero sólo el 65 por ciento les alquilaría una vivienda.

Entre otros derechos, el 83 por ciento admite que los inmigrantes legales y estables puedan traer a la familia; acceso a la educación pública (97 por ciento), a la sanidad gratuita (91 por ciento), iguales condiciones laborales (92 por ciento), cobro del desempleo (94 por ciento); votar en las elecciones municipales (83 por ciento), en las generales (76 por ciento), obtener la nacionalidad española (86 por ciento) o practicar su religión (84 por ciento).

Sin embargo, cerca de la mitad (48 por ciento) piensa que los inmigrantes reciben del Estado más o mucho más de lo que aportan, frente al 27 por ciento que opina que hay un equilibrio.

También el 48 por ciento dice que los españoles tratan a los inmigrantes peor que a los propios ciudadanos del país.

Lo valorado por más entrevistados de la presencia inmigrante es la variedad y riqueza cultural que aporta (29 por ciento) y lo más negativo es la inseguridad ciudadana (26 por ciento) y la falta de integración (20 por ciento).

A la vista de los datos y el perfil sociológico de los entrevistados, el director de la encuesta, Fernando Vallespín, indicó que los más escépticos ante el fenómeno de la inmigración son las personas mayores, el centro-derecha y las clases media-baja y baja porque éstas “compiten” con los extranjeros por servicios sociales y trabajo.

A los españoles, agregó, no les agradan los “islotes culturales”, sino que prefieren la integración intercultural.
Interpretó los datos como signo de que la crisis no hace aumentar la xenofobia en España, pero existen opiniones “ocultas” contrarias a la inmigración.