El ex alcalde de Cádiz está tranquilo. El caso de Fernando García Acuña es complejo, porque la denuncia parte de la delegada sindical de Policía Local de CCOO con los testimonios de dos cargos de confianza de los gobiernos de Teófila Martínez que son relevados de sus funciones por José María González, Kichi.
El juzgado de Instrucción número 2 tendrá que dirimir, tras la declaración de los investigados por un presunto delito de prevaricación por el papel de Fernando García Acuña, asesor contratado por Por Cádiz Sí Se Puede, si abre juicio oral o no, tras preguntar sobre el origen de sus ingresos, qué despacho ocupaba, si contaba con medios municipales y si dio órdenes a los empleados públicos sin tener la condición de funcionario.
Pero Kichi está tranquilo. Asegura que ha aportado argumentos “demoledoramente lógicos y aplastantemente razonables” para que se archive. Y ha vuelto a recordar que lleva 17 procesos que han quedado en nada, fruto de una estrategia, en su opinión, del PP de “judicializar” su gestión. Una especie de lawfare a la gaditana, ha sostenido en entrevitas y declaraciones en las últimas semanas.
Lo cierto es que al ex líder de Adelante no lo han llevado únicamente a los tribunales el PP, si bien los populares consideraron que Kichi era merecedor de sanción administrativa por intervenir en una disputa entre un aficionado y la Policía Nacional en el estadio del Cádiz o la remunicipalización del servicio de playas, falta de información o por el convenio del alumbrado de Navidad de 2016.
Los casos más sonados, sin lugar a dudas, fueron los relativos al recurso de la reprobación de Teófila Martínez e Ignacio Romaní por insultos al alcalde en un Pleno, el izado de la bandera republicana a raíz de unas jornadas de memoria democrática y, finalmente, la denuncia por injurias y calumnias frente al compromiso de transparencia con los vecinos por el caso Loreto y el suministro de agua, que también fue archivada.
El PSOE también recurrió a la vía judicial por la remunipalización y, a través de Autoridad Portuaria, por usar unas instalaciones para acoger inmigrantes como medida d emergencia.
Ciudadanos, en el ámbito estrictamente político, también denunció a Kichi sin éxito a cuenta de la consulta sobre los chiringuitos y por ceder espacios gratuitos a colectivos sociales de edificios de Cádiz 2012.
Entre colectivos y entidades, caben destacar el archivo de la causa por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio por la cancelación del ciclo de cine israelí, la querella por desobediencia presentada por la Asociación Abogados Cristianos por el izado de la bandera LGTBIQ+ en el Ayuntamiento, o la de Manos Limpias, que consideraba al ex alcalde “cooperador necesario” del vecino que gritó “¡Me cago en los muertos de la Guardia Civil!”, en una asamblea convocada por el equipo de Gobierno.
Tanto Kichi, en las últimas semanas u hoy mismo, como Adelante, sostienen que “esto no es más que ese lawfare a la gaditana, ese acoso político del PP y de ciertos poderes de la ciudad por intentar desmontar algo que creen que no es legítimo”, en referencia a la gestión de la formación durante los dos mandatos anteriores.
