Mediante una carta, la FAPA solicita a la Asamblea General de Naciones Unidas "ejercer el derecho de asilo a favor de la Educación Pública de la Comunidad de Madrid", recordando que, "en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él".
"En el caso que nos ocupa, supone una persecución expresa a la Educación Pública en la Comunidad de Madrid y de todas aquellas personas que defiendan su existencia y demanden un cambio en las actuaciones del Gobierno regional para que dicha persecución deje de existir", alega.
Así, la Giner de los Ríos apela a la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la ONU y en la que se recoge explícitamente que "toda persona tiene derecho a la educación, que debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental".
Frente a este principio, la FAPA entiende que el Gobierno madrileño "vulnera el derecho a la educación gratuita al fomentar explícitamente el pago de la misma y la desaparición de dicha gratuidad" a la vez que "rechaza el sistema educativo público".
Asimismo, según la FAPA la Comunidad también "niega el derecho preferente de los padres y madres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, si en el ejercicio de su derecho eligen la educación pública" y "obvia su obligación de garantizar un orden social en el que los derechos y libertades se hagan plenamente efectivos".
VULNERACIÓN DE DD.HH.
Sin embargo, según alega la FAPA, "el actual Gobierno regional de la Comunidad de Madrid no considera a todos los seres humanos iguales en dignidad y derechos, decantándose por aquéllos que tienen superioridad económica".
Además, asegura que el Ejecutivo autonómico "niega el derecho de las personas a la propiedad colectiva, en este caso a la escuela pública, y priva arbitrariamente de su propiedad a la sociedad madrileña al privatizar lo que es público para entregarlo arbitrariamente a manos privadas".
También se asegura que el equipo de Esperanza Aguirre "limita el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión y de expresión con las instrucciones que traslada, especialmente de forma verbal" e "interfiere en la vida de las personas al molestarlas por causa de sus opiniones, a quienes denigra públicamente si no coinciden con las suyas".
"(La Comunidad de Madrid) impide la difusión de información a las familias, en este caso sobre la situación actual de los centros educativos y de los perjuicios ocasionados por sus propias actuaciones; impide el ejercicio del derecho a la libertad de reunión al dar instrucciones para que se prohíban las asambleas conjuntas de las comunidades educativas; y deslegitima a quienes intentan participar en el gobierno de su país de forma directa o por medio de representantes diferentes a los que comparten su ideología", continúa la misiva.
Finalmente, la FAPA argumenta que, dado que España firmó la Declaración de los Derechos Humanos y que la Comunidad de Madrid pertenece a España, "el Gobierno regional debe cumplir y hacer cumplir lo expresado" en dicho documento en lugar de efectuar una "persecución expresa" a la educación pública.
