El pasado 7 de diciembre, el concejal del PP, José Blas Fernández, presentaba un escrito al secretario general del Ayuntamiento por el cual pedía “copia del contrato con la empresa adjudicataria de la colocación del alumbrado público en las fiestas de Navidad, así como la cuantía destinada para este fin y certificación de intervención de la partida consignada para dicho alumbrado”. Asimismo, ha requerido fotocopia del expediente de contratación llevado a cabo para dicha adjudicación y copia del convenio suscrito con Suministradora Eléctrica de Cádiz para la ampliación del alumbrado de navidad en determinadas calles y el importe del convenio”.
El concejal popular considera que “se ha beneficiado a la empresa adjudicataria del servicio con 16.000 euros de más a través del convenio con Eléctrica”. Fernández recuerda que la adjudicación del alumbrado extraordinario salía desierta porque las empresas que se presentaban “no veían adecuadas las condiciones económicas”. De ahí comenzó un procedimiento negociado, donde, por el mismo precio y sin cambiar las condiciones del pliego, se hablaba con las empresas, recordó el concejal del PP. Tras llegar al acuerdo, se “produjo un clamor social por el desastre de alumbrado navideño que iba a tener la ciudad”.
Ante la imposibilidad de “darle la vuelta al pliego”, añade Fernández, porque “ya está negociado, se llega a un acuerdo con la empresa Eléctrica de Cádiz”. Un convenio, que indica el portavoz popular, “firman el alcalde de la ciudad, José María González, y el presidente de Eléctrica, David Navarro, para que se instalara alumbrado en varias calles que no preveía el pliego. Este convenio se alcanzaba “sin pasar por el consejo de administración de Eléctrica y se hace bajo el concepto de que se trata de publicidad”.
A juicio de José Blas Fernández, “el pliego ha salido y se ha ampliado por vía ilegal. Una empresa municipal no puede cubrir un pliego que no se ha hecho en condiciones”.
Asimismo, insiste en que con el acuerdo “se ha beneficiado a la empresa que le han adjudicado el pliego de condiciones”. El concepto al que se refiere y que podría terminar en el Tribunal de Cuentas es que se trata de “la simulación de una ampliación del pliego. Algo que es ilegal y máxime por la vía de publicidad de una empresa municipal que no se dedica a ello”.
Fernández añade que el Tribunal de Cuentas – en su labor de fiscalización- tiene la potestad de decidir si existe delito, “y si es así lo puede mandar directamente al juzgado”.
El concejal popular está a la espera de obtener la información requerida.
