Los padres deberán ser informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años se han sometido a un aborto salvo en el caso de que éstas aleguen “fundadamente” peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

La “obligatoriedad” de informar a los padres, salvo en estas excepciones, permitió ayer al PNV y al PSOE alcanzar un acuerdo en la Comisión de Igualdad, la cual ha votado a favor del proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Durante la puesta en común de las enmiendas presentadas al texto, que llegará el jueves al Pleno del Congreso, PNV y CIU han suscrito finalmente la iniciativa al recogerse tanto la necesidad de informar a los tutores como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios implicados en la interrupción del embarazo.

Este ejercicio, por el que médicos y enfermeras se podrán negar a practicar abortos, no podrá suponer un menoscabo del acceso y calidad asistencial de la práctica del aborto.

El diputado del PNV Joseba Aguirretxea precisó que los protocolos o reglamentos por los que se regirán las excepciones para no informar a los padres se decidirán en el marco de cada sistema autonómico de salud.

La representante de CIU Mercé Pigem explicó que se abstenía en la votación de este punto como muestra de la libertad de voto existente en su formación.

El proyecto de ley superó su paso por la Comisión de Igualdad al sumar al texto socialista enmiendas de seis grupos parlamentarios, con 21 votos a favor, 16 en contra y una abstención.

“Pocas leyes han contado con un proceso de elaboración tan profundamente democrático y transparente como éste; se puede decir que es de las leyes más debatidas de nuestra joven historia”, enfatizó la diputada socialista Carmén Montón, quien concluyó que “hoy es un día histórico para las mujeres en nuestro país”.

Montón aclaró que la “capacidad de decidir” de las menores radicará siempre en ellas aunque la ley “no prohíbe la información a los padres”. La portavoz socialista dijo que “no todas las familias son estándares” porque, “aunque lo normal es que las jóvenes cuenten con sus padres”, hay situaciones en que no tienen “ese amparo”.

En ese marco situó las excepciones que recogerá la ley para evitar poner a las menores “entre la espada y la pared” o abocarlas a las “clandestinidad” sometiéndose a un aborto “ilegal e inseguro”.

En contra del proyecto votó el PP, cuya diputada Sandra Moneo censuró el “atropello de la patria potestad” que supone esta ley, al “desproteger” a las menores de edad del “consejo y el apoyo” de sus progenitores.

Moneo criticó la postura de PNV por entender que “no sirven fórmulas intermedias ni pretendidos lavados de cara” a la hora de respaldar esta cuestión, que supondrá el “nuevo coladero” de los abortos de las menores en España. “Allá cada uno con el precio que ha puesto para apoyar esta ley”, aseveró.

El PP justificó su rechazo además en que se trata de “una ley radical” que convertirá al aborto en “un método anticonceptivo más” y que va a “banalizar” su práctica.

La diputada manifestó que la nueva ley de plazos supone “un atropello” a la Constitución Española y denunció que en ningún momento habla del derecho a la vida del feto, de la protección de la maternidad ni de la existencia del síndrome postaborto.

Aunque los diputados de IU y ERC, Gaspar Llamazares y Joán Tardá, habían criticado inicialmente la obligatoriedad de informar a los padres, han coincidido en no poner impedimentos “siempre y cuando la ciudadana tenga la primera y la última palabra”.

El texto que se debatirá en el Congreso incorpora enmiendas para que los anticonceptivos de última generación sean cofinanciados e incluidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS).