Cuando se cumplen ya 11 meses del famoso Acuerdo de Nochevieja sobre la relación futura con Gibraltar tras el Brexit entre España y Reino Unido, la incertidumbre sobre el futuro tratado que debe eliminar la barrera física de la Verja que separa actualmente el Peñón de La Línea de la Concepción sigue planeando, con muchos puntos de discusión todavía poco menos que en el punto de partida.
En estos últimos días, se ha revelado que el próximo martes, 30 de noviembre, las negociaciones vuelven a reactivarse entre la Unión Europea y Reino Unido. Esta vez será en Bruselas, la denominada capital europea.
Esta será la tercera ronda del diálogo, tras las primeras fases celebradas precisamente en la capital belga y, con posterioridad, en Londres, a primeros de este mes de noviembre, unos encuentros sobre lo que ha trascendido muy poco.
De la escasa información que se dispone sobre ello, algo hemos sabido gracias a la última intervención del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en el Parlamento británico, el pasado miércoles. Picardo revelaba un aspecto en discordia que hasta ahora había trascendido poco o nada. El máximo dirigente gibraltareño sostuvo este miércoles que las demandas de la Comisión Europea para llegar a un acuerdo post Brexit respecto al Peñón en materia de mercancías y normas aduaneras son “excesivas” e “innecesarias”.
Hay que recordar que uno de los objetivos iniciales de Gibraltar era entrar en el espacio Schengen, que garantizaría un paso fluido tanto de mercancías como de personas por la frontera, pero el mandato negociador de la UE, finalmente, ha dejado fuera esa posibilidad.
El otro punto de controversia sigue siendo el referente a la vigilancia de fronteras. El primer borrador del mandato negociador de la UE del pasado mes de julio encomendaba a España, como país miembro, el control de entrada y salida de viajeros, pasaportes, visados e incluso peticiones de asilo. Posteriormente, y tras las quejas airadas desde Londres y Gibraltar, el mandato definitivo insertó una petición expresa -que ya aparecía en el Acuerdo de Nochevieja- de España para que esa encomienda fuese llevada a cabo por agentes de la agencia de fronteras europea (Frontex), al menos durante los primeros cuatro años.
Pero, ¿qué pasará transcurrido ese plazo? Las leyes europeas con respecto a las fronteras exteriores son, actualmente, taxativas al respecto de que esa vigilancia la tiene que llevar a cabo un país miembro, y ha dejado muy claro que ese país debe ser el que sirva de entrada a la Unión, es decir, a España.
Por lo tanto, estamos ante un debate que, como mucho, se pospondrá durante cuatro años, pero que no será, a priori, una solución definitiva, a menos que se pueda prorrogar indefinidamente la labor del Frontex.
Lo que parece claro, a tenor de las últimas declaraciones de Picardo, es que la postura británico-gibraltareña será inamovible: “Gibraltar nunca aceptará que haya miembros de las fuerzas de seguridad españolas presentes” en suelo gibraltareño para realizar los controles de seguridad pertinentes para quienes lleguen al Peñón y quieran entrar en el espacio Schengen. “Hemos sido muy claros y eso no va a cambiar”, aseguró.
Picardo no obstante, considera posible “alcanzar un acuerdo” antes de fin de año, pero no espera tener redactado el texto definitivo.