El nombramiento requerirá de acuerdo plenario y el cargo no será retribuido
Las bases que rigen la labor y la forma de elección del Defensor del Ciudadano, que fueron aprobadas por unanimidad por el Consejo de Participación Ciudadana, han sido publicadas ya en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que este lunes se abre el plazo de quince días hábiles para la presentación de solicitudes por parte de las personas que estén interesadas en ostentar este cargo.
El Defensor del Ciudadano se configura como una institución municipal, cuyo objetivo es encauzar el diálogo entre los ciudadanos y la Administración municipal mediante la atención de las peticiones, reclamaciones y quejas, que estos y las organizaciones sociales del municipio presenten, con objeto de corregir las posibles deficiencias que se puedan dar en la gestión y funcionamiento municipal.
Además, desempeñará sus funciones con autonomía, independencia y objetividad, no estando sujeto a mandato imperativo ni recibiendo instrucciones de ninguna autoridad pública.
Los interesados podrán presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento aportando una pequeña biografía del candidato en la que se refleje su perfil y sus méritos. El nombramiento requerirá de acuerdo plenario con los votos favorables de las dos terceras partes del mismo. El cargo no será retribuido.
La delegada de Participación Ciudadana, Nadine Fernández, ha animado a todos los chiclaneros a participar en esta convocatoria y presentar sus candidaturas. “Invito a todos los ciudadanos a que se comprometan con el municipio y con sus convecinos presentándose a este proceso de selección, que conllevará la creación de una figura novedosa en el ámbito local y que permitirá unas relaciones más fluidas entre la población y la administración local”.
“Se trata de una figura de gran importancia para la cual hemos creado unas bases que garanticen su independencia y su libertad para obtener información de todas las áreas del Ayuntamiento con el objetivo de que desarrolle una gestión eficaz y tenga capacidad para atender los requerimientos de las ciudadanía”, añadió la concejala.
En esta línea, el Consistorio ha recordado que su condición “es incompatible con cualquier cargo político, la afiliación a partido o sindicato, contratistas o subcontratistas con contratos cuya financiación esté relacionada con la Corporación municipal o el servicio activo en entes públicos locales”, entre otras cuestiones.
Las funciones de esta figura son atender, a requerimiento de los ciudadanos, las quejas que se formulen relativas al funcionamiento de la Corporación; iniciar las actuaciones de oficio que estime convenientes; requerir información y colaboración de las áreas municipales y unidades administrativas; informar y efectuar sugerencias a los responsables de las áreas municipales que sirvan para la resolución de quejas formuladas o redunden en la mejora de la gestión; proponer fórmula de conciliación y elaborar distintos informes y memorias. Igualmente, atenderá las quejas y sugerencias sobre los contenidos de la programación de los medios de comunicación municipales, velando con especial atención por la protección de la infancia y la juventud, así como por los principios de igual y no discriminación y los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen.