El edificio okupa de la calle Ruiz Zorilla, junto a la oficina postal, ha vuelto a ser noticia, este vez de un presunto homicidio. Un hombre ha fallecido apuñalado en la noche de este jueves al viernes en lo que parece ha sido una reyerta en dicho inmueble abandonado.

Según ha informado la Policía Nacional, durante la noche se recibió una llamada al CIMACC 091 de Algeciras porque "al parecer se estaba produciendo una fuerte discusión con arma blanca en el edificio".

Siempre según el comunicado oficial, "a la llegada de los indicativos, encuentran a una persona con una herida producida presuntamente por arma blanca en el costado derecho. A la llegado de Indicativo sanitario acredita que la persona habría fallecido", indicó la Policía.

Ante esta situación, se inicia un protocolo de actuación ante delitos violentos, acudiendo al lugar agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y de la Brigada de Policía Científica.

Fuentes policiales indicaron que por el momento no se puede confirmar que haya detenidos por el suceso. Según ha podido saber este medio, sí se habría producido la declaración de alguna persona relacionada con los citados hechos.

El desalojo, en manos de la justicia

El Ayuntamiento de Algeciras está a la espera de que la Justicia autorice el desalojo del edficio ocupado, sito en el número 2 de la calle Patriarca Pérez Rodríguez esquina con María Auxiliadora, en el Secano, y en el que esta noche se han registrado incidentes que se han saldado con la muerte de una persona.

El Consistorio, a través de la Delegación de Urbanismo, y más concretamente del Departamento de Disciplina Urbanística, viene trabajando sobre esta cuestión desde el 10 de octubre de 2016, fecha en la que se incoó un expediente contra los responsables del mantenimiento del inmueble por dejación de sus responsabilidades.

En tal sentido, y previa audiencia de todas las partes implicadas, se ordenó en su momento la ejecución de las tareas encaminadas a subsanar las deficiencias detectadas, a fin de mantener el inmueble en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, debiendo procederse a ejecutar las medidas que expresamente se detallaban, y advirtiéndoles a los obligados que el incumplimiento de lo ordenado podría dar lugar a la tramitación de procedimiento sancionador y a la adopción de cualquiera de las siguientes medidas: ejecución subsidiaria a costa del obligado e imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual por valor máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas.

Realizadas sucesivas inspecciones se han impuesto sendas multas coercitivas a la entidad bancaria propietaria del inmueble, mediante decretos de 2 de mayo de 2019 y 18 de junio de 2021, debidamente notificadas y por importe de 510,58 euros cada una de ellas. Más recientemente, con fecha 9 de noviembre de 2020, se incorpora al expediente un informe de la Policía Local, emitido previa vigilancia del edificio en el que se acredita la existencia de indigentes que viven allí y se realiza reportaje fotográfico de la situación del edificio, indicando textualmente que “verificando el estado de insalubridad así como la peligrosidad por posibles incendios y haciendo constar que la mejor solución es proceder al tapiado de los accesos”.

Con fecha 19 de abril de 2022, se incorpora un nuevo informe de la Policía Local, en el que se relacionan las personas que pernoctan allí, manifestando que “tras informarles de la voluntad de cerramiento y conminarles en repetidas ocasiones a que abandonen dicho inmueble hemos detectado la existencia de varios pisos aún ocupados y receptáculos de pernoctas en el mismo edificio y de la existencia de movimientos diurnos y nocturnos en el inmueble así como de la imposibilidad de cerrarlo hacia la vía pública por el peligro de encarcelamiento de algunos de estos individuos en su interior”.

Ante la gravedad de los hechos, la Delegación de Urbanismo, teniendo en cuenta el estado de alarmante falta de seguridad y respeto de las condiciones mínimas de salubridad e higiene, se ha resuelto proceder a la ejecución subsidiaria de lo ordenado, dando audiencia a los interesados y adoptando cuantas medidas sean precisas para restablecer las condiciones de conservación necesarias y adecuadas.

Es por ello, que lamentando los hechos acaecidos, el Consistorio aclara que lleva años intentando solucionar un problema que está generando numerosos riesgos no solo para la salud pública, sino también para la seguridad de las personas, pero cuya resolución definitiva se encuentra en manos de la Administración de Justicia.