El alcalde de Chiclana, José María Román, reconoció ayer como uno de los aspectos positivos surgidos de la negociación con la Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización, que dio como fruto el pasado martes la firma de un protocolo de intenciones para un posterior convenio urbanístico, “la posibilidad de disminuir la superficie de parcela mínima a efectos de su edificación, siempre y cuando el cómputo global no incumpla las limitaciones que establece el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)”, como se recoge en el apartado quinto del punto tercero del protocolo rubricado por el alcalde y los representantes de la plataforma José Joaquín González y Luciano Bellido.
Esta posibilidad ya ha sido indicada a los redactores del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana, así lo anunció la delegada municipal de Urbanismo, Cándida Verdier, el miércoles de la semana pasada cuando indicó que el mínimo para estar dentro de una AGB que se ha sugerido es de 500 metros cuadrados.
Para el alcalde, la reducción en la edificabilidad y en la superficie de la parcela mínima conllevarán “costes más holgados, pero sin gastos para los demás vecinos”.
El este sentido, Román insistió en que “al ajustar las parcelas y la edificabilidad se pagará conforme a lo que se tenga construido; los ajustes evitarán los excesos e incluso habrá ajustes en los viarios que no se ejecuten porque así lo determinen los vecinos”.
Sin embargo, el regidor chiclanero en todo momento quiso dejar claro que “la ordenanza sigue siendo la que es, pero había un espacio a negociar vinculado al Plan General que era precisamente el de los ajustes en edificabilidades y parcelas mínimas”, por lo que, a su juicio, la plataforma de afectados ha asumido la normativa municipal, “pero se ha actuado para reducir cargas”.
Admitiendo como más que probable que la reducción de los costes de urbanización de las AGB estará en torno al 40 por ciento sobre lo previsto en los valores de las tablas publicadas tras la aprobación de la reforma de la ordenanza municipal reguladora el 12 de marzo de 2010, como ha asegurado la plataforma, el primer edil de Chiclana concretó esa reducción en aspectos como las obras propias de urbanización, vallas, exceso de agua, edificabilidades pendientes, y lo relacionó directamente con los estudios de carga de cada AGB.

Estudios de carga

Para Román otro aspecto destacable del acuerdo de protocolo alcanzado con los vecinos es “la colaboración”. En este contexto señaló el punto cuarto del acuerdo en el que se dice que las asociaciones y comunidades firmantes se comprometen “a la máxima colaboración con el Ayuntamiento en la tramitación de los estudios de determinación de las cargas urbanísticas y anteproyectos de las obras de urbanización de las AGB que les afecten asumiendo a estos efectos la reforma de la ordenanza municipal reguladora del proceso de ejecución urbanística en las AGB del Plan General de Chiclana”.
El alcalde subrayó que serán los vecinos los que determinen lo que deba plasmarse en el estudio de carga correspondiente, siguiendo “las premisas que se mantienen de máximas facilidades para la regularización y el que quiera servicios, lo abona”.
Como ejemplo de esta situación, José María Román pone el estudio de carga realizado para la AGB de la avenida del Mueble, “que ha permitido que ya no se hable de hipótesis sino que se concreta el gasto real de la inversión a realizar”.

IU, PP y PVRE

Mientras que IU y PP apoyan el acuerdo alcanzado, desde el PVRE, integrado por antiguos miembros de la plataforma, se puntualiza que “no aceptamos las ordenanzas, no reconocemos ninguna firma de acuerdos, ni suspensión, ni nada”.
Por su parte, el candidato a la Alcaldía por el PP, Ernesto Marín, felicita a la plataforma “por su trabajo, tesón y esfuerzo en defensa de los intereses de los chiclaneros” y muestra su pesar porque “este problema ha tardado meses en resolverse por la negativa caprichosa de Román, que llegó a decir que se había llegado al límite técnico de la ordenanza”.
La alcaldable por IU, Ana Rodríguez, también celebró el acuerdo entre vecinos y Ayuntamiento, y recordó que cuando se llegó al pacto con el PSOE para gobernar “exigimos cambiar la política urbanística y hacer un urbanismo completamente transparente al servicio de una ciudad sostenible”.
La candidata acusó al PP de intentar “inmiscuirse” en el proceso de negociación “con la petición de un Pleno extraordinario” y al alcaldable de Unidos por Chiclana y exdelegado municipal de Urbanismo con el PP, José Pedro Butrón, de plantear una ordenanza “el doble de cara” y de negarse a convocar a las asociaciones de vecinos.