La Corporación Municipal de La Línea de la Concepción ha celebrado este domingo una sesión extraordinaria para conmemorar el Día de Andalucía. Antes de que el concejal del PA, Ángel Villar, pronunciará el discurso institucional se dio cuenta de que el teniente de alcalde Helenio Lucas Fernández no concurrió al estar en Sevilla en la entrega de la Medalla de Andalucía a María Luisa Escribano, ovacionando los concejales en recuerdo y apoyo a Escribano por este importante galardón.

Ángel Villar en su discurso indicó lo siguiente:

"Un año más vamos a celebrar el día en que los andaluces conquistamos en las urnas el derecho a tener una autonomía del mayor nivel posible en la nueva estructura territorial de España que se estaba construyendo a partir de la Constitución de 1978. Los andaluces sí tuvimos la oportunidad de decir directamente, sin necesidad de consultas ilegales o elecciones plebiscitarias, qué autogobierno queríamos tener y fuimos rotundamente claros: el mayor que la Constitución permitiera. Y ahora que se está hablando de reformas constitucionales es bueno que todo el mundo recuerde que sólo los andaluces conseguimos ese derecho, libre y legalmente, en un referéndum al que se convocó a todo el cuerpo electoral andaluz el 28 de febrero de 1980. Y que ese derecho no ha decaído, salvo que nos vuelvan a preguntar. Ni vascos, ni gallegos ni catalanes celebraron, ni han celebrado nunca, un referéndum de esas características. A ellos se les dio la autonomía plena “por la cara”, porque así lo decidieron los partidos políticos que pactaron la Constitución. A ver que nos traerá a los andaluces una nueva Constitución. Si se reproduce la misma correlación de fuerzas que entonces, nada bueno, me temo.

Imagino que con esta introducción, se habrán imaginado ustedes que no vengo aquí a morderme la lengua. Quizá el que el Partido en cuyas listas fui reelegido concejal de este Ayuntamiento se haya disuelto me permita hablar con más libertad que a otros, sujetos a quién sabe qué disciplinas y pactos. Yo sólo me debo a mi conciencia de linense y andaluz, y a los linenses que me votaron con un programa determinado, y cuya confianza me esforzaré en no defraudar hasta el final de este mandato.

Porque la memoria es frágil y es bueno que la verdad se relate, aunque luego cada uno haga lo que quiera con esa verdad,  o asumirla o tirarla a la papelera, quiero relatar en este aniversario del 28 de febrero, cómo conquistó el pueblo andaluz ese derecho a la autonomía plena. Y ruego que nadie se ofenda por lo que ellos o sus partidos defendieron en el pasado y que puede ser distinto de lo que dicen defender ahora. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión. A lo que no tenemos derecho es a cambiar la historia, entre otras razones porque además es imposible.

Tras la guerra civil, en la que entre otros miles de gentes de bien, Blas Infante fue asesinado, la idea de la autonomía andaluza fue, sencillamente, sepultada. Sus años de lucha para empezar a fraguar en nuestra tierra una mínima conciencia de pueblo que le diera la energía suficiente para salir de la terrible situación de miseria en la que la mayoría de los andaluces de aquellos años vivían, cayeron en el más absoluto de los olvidos. La bandera, el escudo y el himno que los andalucistas de hace ya casi un siglo crearon para nuestra tierra fueron absolutamente borrados hasta de la memoria. No fue hasta los años sesenta del siglo pasado cuando comenzó a organizarse un grupo político, el único entre los que desde la clandestinidad combatía al franquismo, que incluía entre sus propuestas la del reconocimiento político de Andalucía y su derecho a la Autonomía. En abril de 1970, en una conferencia-coloquio en Estepa se pedía, por primera vez en público desde el verano de 1936, la autonomía para Andalucía. El conferenciante se llamaba Alejandro Rojas-Marcos. Era el fundador de ese grupo político antifranquista al que antes me he referido, del que nacería el hoy desaparecido Partido Andalucista. A pesar de los ríos de tinta y los miles de páginas de periódicos que se han dedicado incansable y tozudamente a desprestigiar a Rojas-Marcos, la historia política contemporánea de Andalucía es muy difícil de entender sin su concurso. Como creador del único partido andaluz que ha llegado a tener presencia en el Congreso de los Diputados en toda nuestra historia, en su boca resonó, por primera vez, el grito que acompañó a Blas Infante durante toda su vida, y que resume el mejor de los programas políticos para nuestra tierra: ¡Viva Andalucía Libre! Y sin la acción política de ese Grupo Parlamentario Andalucista que irrumpió en las Cortes en 1979, el desbloqueo del proceso autonómico andaluz, como luego veremos, no habría sido posible.

En febrero de 1973, ese grupo al que antes me refería, llamado entonces Alianza Socialista de Andalucía, publicaba a través del “Ruedo Ibérico” parisino un manifiesto donde afirmaba:

“Exigimos un estatuto especial que, reconociendo la personalidad política de Andalucía, ordene el grado de su autonomía en relación con los restantes pueblos de España. Este reconocimiento llevaría implícita la existencia de una asamblea representativa de sus hombres y de un ejecutivo gestor de sus intereses”.

Mientras que las fuerzas políticas democráticas, aún en la clandestinidad, sólo recogían en sus documentos la autonomía de Cataluña y el País Vasco, los andalucistas fueron haciendo de esta reivindicación una de sus principales señas de identidad, como quedó evidenciado en el primer mitín político que, convocado precisamente por el PSA, se celebró en Andalucía, tres meses después de la muerte de Franco, en el Casino de la Exposición de Sevilla.

Tras las primeras elecciones democráticas en junio de 1977, los andalucistas no obtuvieron representación en el Congreso y los partidos políticos que comenzaron a redactar la Constitución, tal como era previsible a la vista de sus posiciones durante la clandestinidad, plantearon los famosos dos niveles autonómicos, lo que luego serían las vías del art. 151 y la del 143. Por supuesto, la derecha procedente del franquismo, la antigua Alianza Popular, simple y llanamente “pasaba” de la autonomía.

A la vista de lo que se estaba fraguando, en septiembre de 1977 en una reunión de diversas entidades sociales, culturales y políticas en la sede de una activa asociación de la época, de marcado carácter andalucista, la Asociación Averroes, surgió la idea movilizar a la ciudadanía andaluza en una gran manifestación que expresara, y cito entre comillas “la existencia de un pueblo y de la nacionalidad andaluza”.

Este fue el origen de la convocatoria de la manifestación del 4 de diciembre de 1977, proclamado entonces como Día de Andalucía, en la que más de dos millones de andaluces salieron a las calles en las distintas ciudades andaluzas reclamando autonomía para Andalucía. El 4 de diciembre supuso una sorpresa mayúscula para los aparatos centrales de todos los partidos políticos. Tres meses antes, el 11 de septiembre, se había celebrado la Diada catalana con una participación masiva de los catalanes. Todos contaban con ello, y para todos los partidos que estaban negociando ya la Constitución no era más que la confirmación de un hecho político admitido y compartido por todos: Cataluña debía contar con rapidez con una amplia autonomía. Pero cuando el 4 de diciembre los andaluces nos echamos a la calle, en mayor número aún que los propios catalanes, a más de uno se le fundieron los plomos y tomaron conciencia de que las cosas no iban a ser como se las habían imaginado. Ya no iba a ser posible que Alfonso Guerra volviera a repetir, como lo había hecho en alguna ocasión para referirse al grupo político de Rojas-Marcos: “¿A dónde irán éstos con la bandera del Betis?”. Todos los partidos empezaron a añadir, en buena hora, la A de Andalucía a sus siglas. Y la bandera verde y blanca se convirtió, definitivamente, en el mejor símbolo de autoidentificación de los andaluces.

El 4 de diciembre de 1977 fue la primera vez en la historia en que los andaluces actuamos como sujeto político colectivo, y fuimos capaces de demostrar que podíamos emprender proyectos comunes superadores de localismos y sometimientos a poderes exteriores. De ahí que los andalucistas hayamos venido defendiendo desde entonces, prácticamente en solitario y con escaso éxito esa es la verdad, que el auténtico Día Nacional de Andalucía es el 4 de diciembre por varias razones:
En primer lugar porque, como he dicho, fue la primera expresión masiva y colectiva de los andaluces de conciencia de pueblo.
En segundo lugar, porque esa manifestación fue convocada por todas las fuerzas políticas y sociales andaluzas, en un marco de concordia y de superación de diferencias políticas.

Y aunque al año siguiente se aprobara la Constitución de 1978 consagrando la desigualdad autonómica de las dos vías del 143 y el 151, la movilización andaluza por la autonomía del máximo nivel truncaría los planes que la izquierda y la derecha tradicionales tenían para el estado autonómico. No en vano, el 4 de diciembre de 1978, dos días antes del referéndum constitucional, se firmaba por todas las fuerzas políticas andaluzas, desde la derecha a la izquierda, el Pacto de Antequera en el que se reclamaba para Andalucía “la autonomía más eficaz”. Es cierto que esa fórmula resultaba ciertamente eufemística, cuando ya el proyecto de Constitución a punto de refrendarse establecía las citadas dos vías y habría podido ser lo más oportuno haber citado expresamente la vía del art. 151. Pero en realidad, como ahora veremos, eso no hizo falta.

En marzo del año siguiente se celebraron nuevas elecciones generales con el conocido éxito andalucista, y en abril se constituían los primeros Ayuntamientos democráticos. Y en estos Ayuntamientos democráticos, todas las fuerzas políticas comenzaron a pedir la autonomía por la vía del art. 151. La memoria unitaria del 4 de diciembre y el Pacto de Antequera obraron sus efectos: para los jóvenes políticos que se hacían cargo del gobierno de sus pueblos por todos los rincones de Andalucía, la autonomía del art. 151 era la que habíamos reclamado masivamente en las calles y era a la que nuestra tierra tenía derecho. Quiero aprovechar este momento de la historia para hacer un emotivo recuerdo a la primera Corporación democrática de La Línea, cuyos cinco grupos políticos municipales (PSOE, UCD, PCE, PSA-PA y MCA) aprobaron por unanimidad que Andalucía accediera la autonomía por la vía del art. 151. Una corporación caracterizada por el profundo amor a La Línea de todos sus miembros y la intachable honestidad de todos ellos. Quiero tener un recuerdo especial a los que ya no están entre nosotros, y cuya ejemplar trayectoria siempre será reconocida por el pueblo de La Línea: nuestro primer alcalde democrático, Paco Niebla, Martín de Alda, Carmen Castillo, Guillermo León, Antonio Pedrero, José Reula, Dámaso Fernández, Marcos Galiana, Manolo Sújar, el portavoz andalucista Pepe Chicón o mi propio padre José Luis Villar Cerón.

Todo parecía ir sobre ruedas, y en el verano de 1979 más del 90% de los ayuntamientos andaluces, las ocho diputaciones provinciales y la Junta preautonómica se había pronunciado expresamente por la vía del art. 151 de la Constitución. Esta iniciativa de las instituciones tenía que ser ratificada por el pueblo andaluz mediante un referéndum en el que la mayoría absoluta del censo electoral de cada provincia debía votar a favor. Para el otoño estaba previsto precisamente el referéndum de los estatutos vasco y catalán, que por el acuerdo de todos los partidos cuando se elaboró la Constitución no precisaban de ese referéndum de ratificación de la iniciativa autonómica. Sólo debían aprobar los proyectos de Estatuto que, por supuesto por la via del 151 se habían redactado a marchas forzadas y que sólo precisaban más síes que noes en las urnas, por muy pocos que fueran a votar. Por cierto, aunque apenas nadie lo cuenta, de haberse exigido los mismos requisitos que en Andalucía, en Tarragona no se habría aprobado el estatuto.

El Grupo Andalucista en el Congreso propuso que el referéndum andaluz se hiciera junto con el vasco y el catalán, en octubre. La respuesta fue negativa y el argumento fue que se precisaba la aprobación de la Ley Orgánica de Referéndum. Y sin embargo, sin muchas más explicaciones, los referéndum vasco y catalán se celebraron sin esa Ley y se convocaron por Decreto. Algo empezaba a oler a chamusquina.

Y, en efecto, los peores presagios se hicieron realidad cuando el día de los Inocentes, el 28 de diciembre de 1979,UCD y PSOE aprobaban en las Cortes Generales la Ley Orgánica de Referéndum. Si bien la Constitución establece en su art. 151 que la iniciativa autonómica de ayuntamientos y diputaciones tiene que ser ratificada por el voto afirmativo por la mayoría absoluta de los electores de cada provincia (y nada más), la ley que los dos grandes partidos pactaban complicaba aún más las cosas y hacía que el listón fuera prácticamente insuperable. En efecto la ley establecía, sin que la Constitución obligara a ello, que fuera cual fuera el resultado en el conjunto de la comunidad, que por mucha diferencia que hubiera entre síes y noes, que aunque en todas las provincias los síes superaran a los noes, si en una sola provincia los síes, aunque triunfaran, no supusieran la mayoría del censo electoral, la iniciativa se entendería fracasada en toda la Comunidad Autónoma. Es decir, los muertos, los enfermos, los que estuvieran de viaje, los errores del censo o los que no fueran a votar porque nunca lo hacían, contarían como noes a la autonomía de Andalucía.

Es evidente que detrás de este pacto de aprobación de la Ley Orgánica de Referendum, se traslucía el pacto de Estado de que sólo tuvieran autonomía por el 151 precisamente las que no precisaban de este referéndum: Cataluña, el País Vasco y Galicia. Las demás, o iban por el 143 o si intentaban ir por el 151 se chocarían con un insalvable referéndum. Hoy día, con unas Comunidades Autónomas con similares instituciones y parecidas competencias, este debate parece caduco y de poco interés. Pero en los años en que la Constitución y el Estado de las Autonomías empezaban a dar sus primeros pasos el asunto era crucial. Y no nos olvidemos de que los planes originales no eran los de haber llegado a este Estado casi federal en la práctica que es España. Si nos fijamos con detalle en la Constitución, por ejemplo, el art. 152 establece que en las Comunidades Autónomas de la vía del 151 tiene que haber un Poder Legislativo, un Gobierno y un Tribunal Superior de Justicia. ¿Y las del 143? La Constitución no dice nada. Son muchos los constitucionalistas que piensan que los planes originales de los redactores de la Constitución eran de que éstas no tuvieran un Parlamento con capacidad legislativa y un auténtico poder ejecutivo.

Pero volviendo a la aprobación de la Ley Orgánica de Referendum, los dos únicos grupos que se opusieron en el Congreso a su aprobación fueron el Grupo Andalucista y el Grupo Comunista. Y ambos advirtieron que con esa redacción se pretendía bloquear el acceso de Andalucía a la autonomía. El Grupo Andalucista propuso que se estableciera un mecanismo por el que si una provincia quedaba descolgada, se habilitara un procedimiento para que pudiera reengancharse más adelante. Es impresionante comprobar como esto fue lo que pasó, y que finalmente esta fuera la forma de desbloquear la autonomía casi un año después.

Este mazazo jurídico al proceso autonómico andaluz fue seguido pocos días después por un mazazo político. A mediados de enero de 1980, la UCD anunciaba su decisión de que todas las autonomías, menos la vasca, la gallega y la catalana, fueran por la vía del art. 143 y pedía a los andaluces que en el referéndum que su propio gobierno iba a convocar para ratificar la iniciativa del 151 el siguiente 28 de febrero, los andaluces se abstuvieran o votaran en blanco. Esta decisión fue, sin duda, el inicio del fin del partido de Adolfo Suárez. El PSOE vio la gran oportunidad para acabar con el gobierno de la derecha en Madrid. La campaña del 28 de febrero se convirtió así en una impresionante movilización en favor de la dignidad de Andalucía y su derecho a la autonomía en pie de igualdad con los otros pueblos de España, y en contra de un gobierno que planteaba, de forma descarnada y brutal, el principio de desigualdad. Un hermoso aviso a navegantes, que quizás convenga que no se le olvide a algunos para el futuro. No fue una campaña electoral al uso, organizada y protagonizada por los partidos políticos. La gente se implicó personalmente en la campaña: colgaron banderas verdiblancas de sus balcones, las asociaciones de vecinos engalanaron calles y plazas y los trabajadores organizaban asambleas en los tajos para pedir el sí en el referéndum.

Y el 28 de febrero fue un éxito impresionante que puso de manifiesto hasta dónde se había llegado a consolidar la conciencia colectiva de los andaluces que había brotado un 4 de diciembre hacía apenas dos años. Nada más y nada menos que el 55% de los andaluces con derecho a voto, votaron sí. Mayoría absoluta del censo electoral. Fueron a votar más de 2 millones ochocientos mil andaluces y de ellos, casi dos millones quinientos mil votaron sí. El no y el voto en blanco fueron prácticamente inexistentes. La voz de los andaluces se escuchó en toda España, fuerte y clara. En todas las provincias menos en Almería los síes superaron ampliamente la mayoría absoluta del censo electoral. En algunas provincias como Córdoba y Sevilla, por ejemplo, la participación fue masiva, rebasando el sí el 60% de los ciudadanos inscritos en el censo. Pero en Almería no se alcanzó ese 50%. Y eso que de los 150.000 almerienses que acudieron a las urnas, 120.000 votaron a favor. O sea que aunque de vez en cuando algún indocumentado afirme que Almería votó no a la autonomía andaluza, el sí de los almerienses fue tan rotundo como el del resto de los andaluces.

Pero a pesar del innegable éxito político, la Ley Orgánica que UCD y PSOE habían aprobado daba la iniciativa por fracasada en toda Andalucía y sólo cabían dos posibilidades legales: ir por la vía del art. 143 como pretendía el gobierno de UCD o esperar cinco años para la repetición del referéndum en toda Andalucía. Aunque algunos dirigentes socialistas tuvieron algún momento de duda (Rodríguez de la Borbolla declaraba en una entrevista al Correo de Andalucía el 24 de abril de 1980 que “por el 143 se va a la larga al mismo sitio que por el 151 a la corta”), los partido defensores del sí en el referéndum se mantuvieron firmes en el triunfo político que el 28-F había supuesto. Pero sin el concurso del gobierno, la autonomía andaluza permaneció bloqueada varios meses.

Pero en septiembre de 1980 se abrió una ventana de oportunidad. La debilidad política del gobierno de UCD y del propio Suárez, en gran medida como consecuencia de sus errores en Andalucía, llevó al Presidente del Gobierno a plantear una votación de confianza en el Congreso con el objetivo de retomar la iniciativa política y evidenciar ante la opinión pública que contaba con un apoyo parlamentario amplio. El gobierno, como venía siendo usual, planteó a los distintos grupos nacionalistas si estaban dispuestos a votar a favor de dicha confianza. La respuesta del grupo Parlamentario Andalucista era de cajón: sólo votaría a favor si a Andalucía se le reconocía el triunfo del 28-F y accedía a la autonomía por la vía del art. 151. E inesperadamente el Gobierno cedió. Ofreció utilizar el art. 144 de la Constitución para sustituir la iniciativa autonómica legalmente fracasada en Almería y accedía a que el Estatuto andaluz se elaborara conforme al procedimiento del art. 151, con las instituciones y competencias de dicho artículo. Pero el Grupo Andalucista exigió además que ese acuerdo se hiciera público durante el debate, para conocimiento de todos los andaluces, y comprometiendo solemnemente al gobierno. Y así fue. En el debate de la confianza, Rojas-Marcos interpeló al Gobierno sobre si su propuesta de desbloqueo suponía lo siguiente:
Que el Estatuto se elaboraría conforme al procedimiento del art. 151
Que el Estatuto se sometería a referéndum, como el vasco y el catalán.
Que el Estatuto incluiría todas las competencias del art. 151.

Y el ministro del Interior, en nombre del Gobierno, contestó a todas estas cuestiones que sí.

Como no podía ser de otra manera, los titulares de la prensa del día siguiente se centraron en el desbloqueo de la autonomía andaluza. Así, el ABC titulaba a toda página: “Andalucía tendrá autonomía plena”; El País decía: “La autonomía andaluza se negociará de modo similar a la vasca y a la catalana”; el Diario 16: “Suárez cedió a todas la demandas andaluzas. Rojas-Marcos recuperó el 28 de febrero”; el Ideal de Granada: “Martín Villa aceptó todas las condiciones de Rojas-Marcos”; El Correo de Andalucía: “Andalucía podrá tener autonomía plena”.

Supongo que ahora mismo estarán ustedes un poco extrañados. Tanto los que tenían uso de razón entonces, como los que aún no habían nacido o eran niños, estarán pensando que nunca habían oído esto y que de dónde me lo habré sacado. Pues miren, de donde se sacan los libros de Historia, con mayúsculas, de las actas oficiales, en este caso el Diario de sesiones del Congreso de los Diputados y de las hemerotecas.

Porque las cosas no acabaron así. La lucha política se mueve por argumentos y razones, que no tienen por qué ser siempre objetivos. En el combate político, la subjetividad es un elemento ordinario de trabajo, y no debemos alarmarnos por ello. Es parte del orden natural de las cosas. Para conseguir el poder, que es el razonable objetivo de toda organización política, debes debilitar al adversario todo lo que puedas. Era razonable, por tanto, que los otros partidos políticos andaluces no fueran a aceptar, sin más, que el Partido Andalucista, el más pequeño de todos, con sólo 5 diputados de 62 fuera el que protagonizara el desbloqueo de la autonomía, y que la UCD intentara lavar su deteriorada imagen ante los andaluces devolviéndoles el 28 de febrero.

Era natural que los restantes grupos políticos no se levantaran de sus escaños a aplaudir enfervorizados el acuerdo alcanzado ni que hicieran declaraciones como las de los titulares de los periódicos antes citados. No. Su objetivo inmediato fue torpedear desde el primer minuto ese acuerdo, tachándolo de traición insoportable a Andalucía. Y triunfaron. Hasta el punto de que estoy seguro de que, a la mayoría de ustedes, les ha sonado a chino lo que antes he leído, sacado del Diario de Sesiones del Congreso y de las hemerotecas andaluzas, y si algo recuerdan de toda esta historia es el cuento de que Rojas-Marcos traicionó a Andalucía.

Pero estoy seguro de que, abandonando sus prejuicios e intentando aproximarse a los hechos objetivos, desde mi mayor respeto a sus legítimas subjetividades, les habrá picado la curiosidad por saber cómo acabó esta historia, y les habrá entrado la duda de si pudiera ser que lo que les vengo contado es cierto. Pues acabó bien, y con la prueba fehaciente de que todo lo que les he contado fue la verdad. Después de varias semanas de combates dialécticos, e incluso algunos menos dialécticos, escraches que se llamarían hoy, los cuatro partidos políticos andaluces con representación en el Congreso, centristas, socialistas, comunistas y andalucistas, alcanzaron un acuerdo unánime para desbloquear el proceso autonómico andaluz.
El acuerdo consistió en dos medidas legales:
La primera, la reforma de la Ley Orgánica de Referéndum. Sí, efectivamente, esa misma ley que habían aprobado hacía ya casi un año PSOE y UCD y que PCE y andalucistas habían votado en contra, denunciando que iba a provocar el fracaso jurídico del referéndum. Esa misma ley que podía haberse aprobado con la enmienda que ahora se introducía y que habría evitado tanto tiempo perdido y tantas energías gastadas. La reforma consistió simplemente en añadir un párrafo que decía que el referéndum de iniciativa autonómica se entendería aprobado en las provincias en las que se superara el 50% del censo electoral, y que si alguna no lo superaba, esa iniciativa fracasada podría ser sustituida por una ley orgánica.
La segunda medida legal, la aprobación por unanimidad del Congreso de esa Ley Orgánica, en la que (y cito entre comillas) “las Cortes Generales, por los motivos de interés nacional a los que se refiere el Titulo VIII de la Constitución, declaran sustituida en la provincia de Almería la iniciativa autonómica.” ¿Y saben ustedes cuál es el único artículo de la Constitución en el que se habla de motivos de interés nacional para sustituir una iniciativa autonómica? Efectivamente, han acertado, el art. 144. El que el Grupo Andalucista pactó con el Gobierno y que los otros partidos tacharon de traición.

A partir de entonces, ya saben lo que pasó. Andalucía tuvo su Estatuto de Autonomía por la vía del art. 151, disponiendo de un nivel de autogobierno como el que nunca antes había tenido, en pie de igualdad con las que entonces se llamaban nacionalidades históricas, el mismo término que ahora reconoce nuestro Estatuto. Para ello había dado su vida Blas Infante. Para ello nació el Partido Andalucista. Y ahora que se ha disuelto, los que seguimos siendo andalucistas podemos decir con orgullo: misión cumplida.

El 28 de febrero de 1980 yo no había cumplido aún 18 años. No pude votar y no era militante andalucista. Pero me siento profundamente orgulloso de haber pertenecido al mismo Partido de los que se dejaron la piel en aquella empresa de llenar las urnas andaluzas de síes. Orgulloso de haber pertenecido al Partido fundado por Rojas-Marcos hace 50 años, al Partido de Juan Carlos Villalba, de Pepe e Inmaculada Chicón, de Vicente Moreno, de Rafael Sibajas, de Edmundo Rodríguez, de Manolo Mora, de Fran Heredia, de Paco Mena, de Jorge Pérez Tenorio, de Helenio Lucas Fernández, de mi hermano Pepe, y de otros muchos jóvenes linenses que aquel 28 de febrero de 1980 dieron lo mejor de sí mismos para que el sueño de Blas Infante pudiera hacerse realidad. Su triunfo fue el triunfo de Andalucía.

¡¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE!!"