La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a tres personas acusadas de simular altas de contratos de trabajo en el sector de la hostelería para facilitar los permisos de residencia a extranjeros, defraudando más de 28.000 euros en prestaciones a la Seguridad Social.
Así lo ha indicado la Policía en un comunicado, en el que explica que los detenidos estaban relacionados con la tramitación de solicitudes de permiso de residencia amparadas en documentación simulada con la que justificaban los requisitos exigidos por la Ley de Extranjería para obtener permisos de residencia.
Además, se les acusa de la defraudación a la Seguridad Social de más de 28.000 euros por el cobro de prestaciones indebidas, añade la nota.
La investigación se abrió a finales de febrero de 2021, cuando la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad (UCRIF), en el marco de la “Operación Villa”, desarticuló una organización dedicada a facilitar la obtención de permisos de residencia y trabajo para personas que se encontraban en situación irregular.
Los agentes descubrieron que se habían producido altas simuladas en una de las empresas que gestionaba el principal investigado, que se encuentra en prisión provisional por estos hechos.
Por las investigaciones llevadas a cabo, en colaboración con el Servicio de Inspección de Trabajo de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz, se comprobó que se trataba de un establecimiento hostelero situado en la playa de Getares, en Algeciras, clausurado por su propietario a principios de 2018 con el objetivo de iniciar un nuevo proyecto hostelero en la Plaza Andalucía, también en esta localidad.
Sin embargo, no pudo llevarlo a cabo debido a las deudas contraídas con la Seguridad Social, que superaban los 30.000 euros, correspondientes a altas simuladas de trabajadores de los que no tenía conocimiento y que le fueron notificadas el día de su inauguración.
La UCRIF comprobó que las altas producidas sin conocimiento del empresario y que habían generado la deuda con la Seguridad Social tenían relación, por un lado, con la obtención de 28.000 euros de prestaciones indebidas, y por otro, con la obtención de numerosos permisos de residencia y trabajo de extranjeros en situación irregular, que amparaban esas altas simuladas para demostrar los medios de vida.
