La Sala Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz juzga este martes a cuatro personas presuntamente implicadas en la falsificación de documentos oficiales para la construcción de viviendas de manera irregular en suelo no urbanizable protegido de Chiclana de la Frontera (Cádiz), las cuales fueron vendidas a terceros de buena fe.
El Ministerio Público considera que son responsables de delitos de falsificación en documento oficial, contra la ordenación del territorio y estafa, por lo que pide penas que van desde el año y nueve meses y los cuatro años y medio de cárcel.
Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a abril de 2004, cuando el acusado A.M.M.G. compró una parcela ubicada en el Pago de Melilla de Chiclana, estando el terreno clasificado como 'Suelo no urbanizable protegido de interés agrícola'.
Expone que dicha parcela carecía de toda edificación y, "con la finalidad de conseguir la legalización de viviendas futuras", el acusado otorgó en mayo de ese año ante notario escritura pública de obra nueva y división vertical en la que, "faltando a la verdad, manifestaba que en 1997 construyó una casa de una sola planta de 200 metros que fue terminada en 1998, resultando de su división vertical dos apartamentos".
Señala que el otorgamiento de tal escritura fue posible porque se habría puesto de acuerdo previamente con D.G.G., ingeniero técnico industrial también acusado, el cual habría elaborado "mendazmente" un documento que acreditaba los extremos anteriores. Dicho documento señalaba textualmente que "se considera que la construcción posee una antigüedad de unos cinco o seis años, pudiéndose establecer el periodo de construcción en el año 1997 y 1998".
Un mes después, el primer acusado vendió la finca a A.B.L, quien conjuntamente con su padre, S.B.M., ambos acusados, construyó en la parcela una vivienda de 200 metros cuadrados dividida en dos departamentos separados por un muro de hormigón, que dio lugar a dos expedientes de la Gerencia Municipal de Urbanismo en los que el padre figuraba como promotor.
Finalizadas las viviendas ilegales, y con el propósito de "obtener un beneficio ilícito y de inducir a error a los compradores", A.B.L. vendió uno de los departamentos en diciembre de 2004 y el otro en enero de 2005, ambos a ciudadanos extranjeros.
A juicio de la Fiscalía, el ingeniero técnico industrial D.G.G. es autor de un delito de falsedad en documento oficial, del que M.M.G. sería cooperador necesario. Así, solicita para cada uno de ellos la pena de un año y nueve meses de prisión, además de una multa de nueve meses a razón de diez euros diarios.
En cuanto al padre y al hijo acusados, les considera responsables de un delito contra la ordenación del territorio por el que reclama un año y nueve meses de cárcel y una multa de 20 meses a razón de diez euros diarios. También interesa su inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la arquitectura, construcción o edificación durante dos años.
Además, considera que el hijo también es responsable de un delito de estafa, por el que pide tres años más de cárcel y una multa de nueve meses a razón de diez euros diarios.
Por otra parte, el Ministerio Fiscal entiende que procede acordar la demolición de la obra a costa de los acusados por delito contra la ordenación del territorio, sin perjuicio de las correspondientes indemnizaciones a los compradores de buena fe. Finalmente, señala que también procede el comiso de las ganancias del delito.
