El Ayuntamiento de Córdoba aporta unos 45.000 euros a la Fundación Social Universal, con sede en la localidad cordobesa de Montilla, para promover la incorporación de políticas de género e inclusión social en cuatro municipios de Cusco, en Perú, de modo que durante los próximos 12 meses, la entidad colaborará en el proceso de modernización y mejora de la gestión pública peruana, favoreciendo la incorporación de dichas políticas en los distritos de Poroy, Cachimayo, Chinchero y Maras, y beneficiará a más de 1.800 personas.
Según informan a Europa Press desde la Fundación Social Universal, el proyecto se ejecuta por el Centro Guaman Poma de Ayala, con el propósito de que municipalidades, organizaciones sociales y espacios de concertación --como las mesas de desarrollo social y los comités de vigilancia ciudadana-- cuenten con "mayores habilidades para producir políticas públicas de cierre de brechas que transversalicen la equidad de género y el enfoque basado en derechos humanos".
De este modo, destacan que "se implementará en estos cuatro distritos una intervención enfocada en mejorar el proceso de planificación institucional, transversalizando la equidad de género y los derechos humanos en los objetivos, proyectos y actividades municipales, incrementando la capacidad de incidencia de los espacios de participación ciudadana para la incorporación de estos enfoques en la gestión edil y, finalmente, desarrollando estrategias activas de equidad e inclusión social de población en los servicios públicos municipales".
Mientras, explican que "en Perú, la crisis producida por la pandemia ha desnudado la realidad dramática en la que viven millones de personas", después de que "el país tuvo un crecimiento sostenido por más de 20 años y fue un ejemplo por sus cifras macroeconómicas, pero este crecimiento no se tradujo en desarrollo de los sectores de salud, educación, vivienda y seguridad para toda la población".
Además, advierten de que "el país se encuentra inmerso en una crisis de valores que ha permitido que la corrupción se expanda a todos los niveles sociales, afectando el desarrollo de los sectores más pobres". Todo este contexto, según remarcan, "se ve agravado por una débil institucionalidad y una poca o nula atención a la diversidad territorialidad", dos factores a los que se atenderá con este proyecto financiado por el Consistorio cordobés.
Igualmente, señalan que "estos problemas en la gobernabilidad democrática afectan de manera destacada a los distritos rurales más pequeños del interior del país, como los representados por los distritos de atención de este proyecto", a lo que agregan que "sus municipalidades adolecen de recursos y de personal capacitado y carecen de instrumentos normativos y de gestión que respondan a su realidad".
Asimismo, precisan desde la entidad que "su sociedad civil se encuentra fragmentada, con poca capacidad para hacer incidencia en la gestión pública, aunque con espacios de concertación dispuestos a aportar a la solución de sus problemas".
Ante ello, defienden que "en este escenario cobra especial relevancia la necesidad de formar una ciudadanía responsable que se sume y asuma un mayor protagonismo para el cambio y que se interese en participar de la vida pública, con funcionarios que sirvan al Estado y reivindiquen a la política y a los políticos, que se conduzcan por principios y no por intereses personales". De esta manera, aseguran que "toda la ciudadanía recuperará la confianza y mirará con más optimismo el futuro de Perú, como una sociedad más inclusiva y participativa".
"DEFICIENCIAS Y LIMITACIONES"
En el proceso de identificación de este proyecto se han evidenciado "deficiencias y limitaciones" de las municipalidades para la prestación de servicios públicos inclusivos con una población en situación de vulnerabilidad y sin capacidad para influir en las decisiones públicas, "provocando desencuentro entre la sociedad civil y la administración municipal, y dando lugar a situaciones que limitan los procesos de modernización de la gestión pública".
En este contexto, consideran que "se hace necesario que desde los espacios más locales surjan aportes e iniciativas para enfrentar esta grave crisis", tal y como se ha previsto con la implementación del presente proyecto en un corredor territorial camino al Valle Sagrado con similares características culturales y sociales, muy cerca de la capital de la región de Cusco.
Un primer componente del proyecto apunta a "la necesidad de mejorar la cultura de la planificación del sector público". A este tenor, los planes estratégicos y operativos institucionales incorporarán objetivos y acciones estratégicas específicas para "promover la equidad de género y la inclusión social de la población vulnerable, con un sistema de monitoreo de cumplimiento de indicadores que cierren estas brechas y les permita ir verificando los avances en la implementación de políticas públicas enfocadas en la disminución de prácticas machistas y la discriminación hacia las poblaciones más vulnerables".
En paralelo, a través de espacios de concertación y/o coordinación con capacidad de incidencia, afirman que "se conseguirán implementar actividades de seguimiento al sistema de indicadores de cierre de brechas que se han definido en los instrumentos de gestión municipal, especialmente los referidos a la equidad de género y la inclusión social de la población vulnerable".
ESTRATEGIAS ACTIVAS
También, los servicios públicos municipales desarrollarán estrategias activas para "incorporar mejores estándares para la inclusión social y la equidad de género".
Los servicios definidos son la Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad (Omaped), el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM), el Programa Vaso de Leche, la Defensoría Municipal del Niño/a y Adolescente (Demuna), el Centro Emergencia Mujer (CEM), entre otros, y contarán con estándares de calidad e indicadores que se identifiquen en sus instrumentos de planificación.
Esta intervención beneficiará a 1.837 personas pertenecientes a organizaciones productivas y sociales --de mujeres, promotores y promotoras de salud y de atención a poblaciones vulnerables--; servidores públicos de las áreas de atención a la ciudadanía y gestores de proyectos de inversión, así como actores de los espacios de coordinación y concertación social como las mesas de desarrollo social y los comités de vigilancia ciudadana de los distritos del ámbito de intervención.
